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El decreto 117 quita el arancel de 12% promedio para la importación de componentes y desde abril el de 35% para la importación de notebooks, tablets y computadoras. Dudas sobre el impacto que esta medida pueda tener tanto en la “baja de los precios” de estos productos como sobre los puestos de trabajo que se verían afectados en las empresas locales.

El Gobierno nacional oficializó la quita de los aranceles para la importación de productos informáticos anunciada en 2016. La medida generó fuertes críticas entre los empresarios locales.

Entre los considerandos del Decreto 117/2017, publicado en el Boletín Oficial, se afirma que la medida “redundará en la disminución de los costos de fabricación de diversos aparatos y equipos electrónicos, (sic) mejorando las condiciones de competitividad y productividad, y contribuyendo al aumento de la inversión productiva en el sector (supersic!) y de su disponibilidad en el mercado local”. Y por otra parte agrega que “La posibilidad de acceso a las nuevas tecnologías resulta esencial para el desarrollo económico y social de nuestro país, brindando el marco adecuado para alcanzar una mayor eficiencia en el uso racional de la energía”, añade la norma en sus argumentos.

Establece la reducción de aranceles de importación a 72 posiciones arancelarias, entre las que figuran los ítems mencionados. A su vez, las autoridades avanzaron con la quita de los aranceles de importación de algunas piezas para la fabricación de computadoras que de 12% promedio bajaron a 0%; monitores y otros productos que no se fabrican en el país, como impresoras, scanners, mesas digitalizadoras y lectores de código de barras, entre otros. En estos casos, la medida rige a partir de febrero, mientras que la rebaja del 35% al 0% para PCs, notebooks, tablets y all in one aplicará desde el 31 de marzo, establece la norma.

Incertidumbre en la industria informática luego de la decisión del gobierno nacional de oficializar la quita de los aranceles para la importación de productos informáticos que había anunciado en noviembre del año pasado. Esta medida que generó fuertes críticas entre los fabricantes locales pero no así entre los importadores. Desde el gobierno argumentaron que apuntan “a reducir el precio de los equipos informáticos en el mercado nacional, entre los más caros de la región”. Las empresas nacionales ya despidieron personal y anuncian más bajas.

La medida fue anunciada el año pasado por el Gobierno con el objetivo de reducir el precio de esos productos en el mercado interno, dada la diferencia con respecto a otros países. Como se comprueba en numerosos pasos fronterizos como Paraguay o Chile, o bien en Estados Unidos, miles de argentinos viajan al exterior en busca de productos electrónicos debido a la gran diferencia de precios.

Es válido destacar que en la Argentina se venden los celulares y computadoras más caros de la región. No obstante, no son los salarios de los operarios y empleados o el costo de la tecnología necesaria para la producción las únicas variables que explican los precios de mostrador de los productos tecnológicos que se consumen en el mercado local.

La apertura de importaciones se da porque, según los mismos argumentos, las computadoras producidas localmente, son más caras que las importadas. Particularmente, uno de los principales costos que encarecen la producción, sería el trabajo argentino, es decir los salarios de los empleados en las fábricas.

Los argumentos oficiales para esta medida que despertó polémicas e incertidumbre, son de cuño liberal. Su fundamento es el siguiente: si hay mayor oferta de un producto (computadoras portátiles, por caso) dentro del mercado, habrá mayor competencia, por ende su precio tenderá a bajar.

No obstante, voces disidentes plantean problemas en otros puntos de la cadena productiva. Por caso, en la Argentina en gran medida sólo se ensablan las computadoras y los teléfonos, y la mayor parte de sus componentes son importados, así como en todo el proceso hay gran cantidad de intermediarios. Los embarques con los componentes llegan a Buenos Aires, y del puerto se trasladan en camión a Tierra del Fuego, donde están las ensambladoras. Una vez terminado el producto, se envía a Buenos Aires -en camión- para su distribución y venta en todo el país.

El impacto en el trabajo y la producción

En lo concreto, la medida abarca la importación tanto de computadoras portátiles como accesorios informáticos y de telecomunicaciones que quedarán exentos del pago de derecho de importación.

Esta decisión causó malestar entre los empresarios y la Unión Obrera Metalúrgica, que desde hace algunos meses vienen denunciando una baja pronunciada en las ventas y la pérdida de puestos de trabajo.

Particularmente perjudicada se encuentran regiones como Tierra del Fuego, que gracias al Régimen de Promoción especial que se implementa en la provincia austral desde hace décadas, precisamente, con el objeto estratégico de mantener población estable, empleada y una producción sustentable. En noviembre último, comenzaron los despidos y suspensiones en la planta de IFSA (fábrica controlada por el joint-venture PositivoBGH, que fabrica las computadoras Bangho), con un total de 160, más otros 400 a los que avisaron desde la empresa que no renovarían el contrato. Igual destino corrió otra fábrica del mismo grupo, en la provincia de Buenos Aires, cuando a principios de febrero, cerró sus puertas y dejó a 250 empleados en la calle.

Desde mediados de 2016, debido al plan de ajuste fiscal, el aumento de tarifas y una alta inflación, el consumo de equipos electrónicos se desplomó, junto con el consumo en general, un 10%.

El sindicato que nuclea a los operarios y empleados de las fábricas de equipos electrónicos, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), realizó protestas debido a importante pérdida de puestos de trabajo debido al impacto aún mayor de las importaciones en el ya golpeado mercado interno. Según denunciaron desde el gremio, la situación es crítica: sólo en 2016 9.000 operarios perdieron sus trabajos y aún hay unos 15.000 cesanteados cuyo destino laboral es aún incierto.

“El precio podría bajar entre el 20% y el 22%”, se quejó Carlos Suaya, presidente de PC Arts (Banghó, recientemente cerrada), en una entrevista con Clarín. Pero el costo sería no sólo la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de numerosas fábricas en todo el país, sino también ´“la pérdida para el Estado de 2.000 a 3.000 millones de pesos por año de recaudación fiscal”, agregó el directivo. “No pueden poner en un mismo ring a una empresa china y a una argentina. Con arancel cero es imposible competir, le dan un certificado de defunción a la industria informática de producción nacional” sostuvo Suaya. En la planta de Banghó de la provincia de Buenos Aires, se fabricaban 200.000 equipos al año. Por su parte, el presidente de EXO, Luis Szychowski, que también produce en la Argentina afirmó que: “permitir la libre importación de computadoras con arancel cero es destruir a la industria nacional”.

De acuerdo con Suaya, según informó el portal La Política Online otro factor que condiciona fuertemente a la producción industrial es la carga impositiva y los llamados “impuestos cruzados” que pesan sobre la industria.

“Los funcionarios, en vez de trabajar primero sobre los costos del Estado en toda la economía, ajustan el nivel de precios. Piensan que importando informática a cero ajustan el nivel de precios. Lo que no están considerando es la cantidad de gente que va a quedar sin trabajo, añadió Suaya.

La crítica por la presión tributaria para la producción es compartida por todo el abanico de industrias. Según reveló en un informe el diario Cronista Comercial, aun sin el arancel del 35%, los productos electrónicos seguirán aproximadamente 20% más caros en dólares que en Chile.

La pregunta que queda en el aire es si con más despidos y con una economía que no termina de despegar, por más que bajen los precios, ¿quién va a comprar computadoras?.

El plan de reconversión

Como parte de la nueva política económica que lleva a cabo el actual gobierno, desde el Ministerio de Producción se está impulsando un Plan de Reconversión Productiva. Advertidos durante 2016 por el mismo ministro de la cartera, el ex-HSBC Francisco Cabrera, muchos empresarios de actividades “poco competitivas” recibieron el ultimatum: “se van a tener que reconvertir'”. La reconversión ya empezó.

Según lo anunciado el Programa de Transformación Productiva fue diseñado para asistir a empresas que necesiten mejorar sus procesos de manufactura o realizar un salto tecnológico o de escala. Asimismo, analiza agilizar la importación de bienes de capital, o bien reorientar su producción hacia actividades de la economía más dinámicas y competitivas.

Uno de los problemas o efectos colaterales de esta reconversión productivas de numerosas industrias otrora viables y ahora poco productivas, es el trabajo.

La incertidumbre es generalizada. Así como muchos empresarios que llevan años en una misma actividad ahora inviable (desade textiles hasta producción de computadoras) ven con preocupación los planes del gobierno, la preugnta que gravita en sindicatos y hogares es ¿qué va a pasar con los empleos?.

Según informó la edición impresa del diario Cronista Comercial, uno de los objetivos primordiales del programa es que “el Estado funcione de nexo (sic) entre las empresas que buscan reconvertirse y, en ese proceso, deshacerse de personal, (supersic!) y las firmas “dinámicas” que cuentan con proyectos de inversión y que requieren incorporar trabajadores”. En ese proceso, según funcionarios del Ministerio de Trabajo, desde la cartera laboral se le ofrece a los desocupados un seguro de desempleo ampliado, que consiste en que durante 6 meses cobran el 50% de su último sueldo. Además, el Gobierno le ofrece a la empresa que necesita tomar gente hacerse cargo de parte del sueldo de ese trabajador durante un plazo máximo de 9 meses (el monto de un salario mínimo, hoy de $ 8060) y también le otorga facilidades financieras. A su vez, desde Trabajo se les facilita capacitación a los trabajadores que ingresen a la nueva empresa.

Uno de los casos testigo es la fábrica Visuar, que entre otros, ensambla y produce productos marca Samsung en la Provincia de Buenos Aires. Según el mismo informe de Cronista Comercia, aún no estaría definida la letra chica del acuerdo (sic), pero deberá comprometerse a mantener los empleados que incorporía por medio del Plan al menos por un año.

Muchos de los trabajadores despedidos en IFSA en Río Grande, estarían en la lista para ser entrevistados para entrar a trabajar en Visuar, en Cañuelas. Ambos parques industriales se encuentran separados por una distancia de 3.000 km. Ciudades, climas, paisaje y poblaciones totalmente discímiles entre la ciudad fueguina y el sur del Área Metropolitana. Un trabajador -y su familia- en caso de ser incorporado de una planta a la otra, deberá subsistir, en el mejor de los casos, con el 50% de su salario por 6 meses, y conseguir vivienda, mudarse y adaptarse a una ciudad desconocida sólo con dos salarios mínimos (unos $16.000).

Desde la redacción de este portal se buscó establecer comunicación con la fábrica y los responsables de relaciones insitucionales de la empresa Visuar para conocer los pormenores de la relocalización de los empleados desdepidos de las demás empresas cerradas. No obstante los llamados y correos, desde la empresa no dieron respuestas. Hasta el momento, los únicos trascendidos, la fábrica invertirá US$ 60 millones para fabricar heladeras Samsung en 2017 y generar 300 puestos de trabajo nuevos.

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