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Muchas empresas de informática para evitar los costos laborales derivados de inscribir legalmente a un empleado, exigen al “empleado encubierto” que facture como monotributista para hacer verlo como un proveedor de servicios. Incluso es frecuente que el empleador ofrezca pagar el monotributo del empleado y hasta un servicio de medicina prepaga. Compartimos como ejemplo un fallo de la justicia que resultó favorable al trabajador que inició el reclamo por esta fraudulenta modadlidad de contrato.


En la actualidad, existen empresas que contratan profesionales que se encuentran inscriptos en el Monotributo para que realicen ciertas tareas.

Sin embargo, cuando se verifica que dichas personas le facturaron mes a mes sus honorarios a la misma firma -y más aún con comprobantes correlativos, o bien, si cumplía un horario o realizaba su actividad en un mismo establecimiento bajo las órdenes de un superior-, la Justicia tiende a avalar los reclamos indemnizatorios presentados por estos tras considerar que se estaba encubriendo una auténtica relación laboral.

Así como es ilegal el trabajo en "negro", también lo es tratar de disimular o encubrir una relación laboral bajo otra modalidad de contrato exigiendo al empleado que emita facturas para recibir el pago por sus "servicios". Un fallo de la justicia hecha luz sobre este tema.

Así como es ilegal el trabajo en “negro”, también lo es tratar de disimular o encubrir una relación laboral bajo otra modalidad de contrato exigiendo al empleado que emita facturas para recibir el pago por sus “servicios”. Un fallo de la justicia hecha luz sobre este tema.

En consecuencia, el supuesto “ahorro” que buscaba lograr el empleador por este mecanismo termina resultándole muy caro al ser condenado por adoptar una conducta evasiva y sancionable.

Pero no todo termina en la sanción en sí misma. Quien usó esa figura de forma fraudulenta deberá atenerse, además, a las consecuencias derivadas de no haber cumplido con las exigencias de la AFIP, es decir, ingresar las cargas sociales respectivas.

En este escenario, en el que los magistrados suelen aplicar el principio de primacía de la realidad, ejemplificamos con una sentencia que puso de relieve las consecuencias de este tipo de proceder ilegal.

Tras presentar su reclamo ante los tribunales, la Cámara laboral hizo lugar a una indemnización por despido y a la aplicación de una multa por trabajo en negro. En este caso, fueron determinantes las declaraciones de testigos y las condiciones laborales que caracterizaban el vínculo con el empleador. Los magistrados consideraron que esta clase de relaciones es “inconstitucional”.

Facturar por el trabajo es inconstitucional

La empleada demandó a una cadena de gimnasios para la cual trabajaba tras considerarse despedida por falta de registración laboral. Indicó que se desempeñó cumpliendo tareas de instructora y dando clases en las diferentes sucursales de la red.

Señaló que facturaba todos los meses y que la empresa le pagaba a los pocos días de que entregaba el recibo. Por desaveniencias, reclamó indemnizaciones correspondientes al despido incausado, multas e incrementos previstos en la normativa vigente.

La sentencia de primera instancia hizo lugar al pedido, por lo que fue apelada por la empresa, que reconoció una relación puramente contractual de naturaleza civil, asociada a una locación de servicios. Al tomar el caso, los camaristas hicieron algunas consideraciones en cuanto a qué significa este concepto. En ese aspecto, señalaron que el Código Civil lo define claramente como un “contrato consensual” que tiene lugar cuando una de las partes se obliga a prestar un servicio y la otra a pagarle un precio en dinero.

“En rigor de verdad, sostener que una persona puede con su trabajo ser objeto de una locación de servicios no es sólo dar muestras de un enorme atraso histórico y social sino que también es ‘cosificar’ al ser humano”, indicaron los magistrados. Luego destacaron que, en los tiempos que corren, es de vital importancia tener en cuenta los textos internacionales de derechos humanos, que se destacan por haber puesto como eje de todo sistema de derechos, libertades y garantías, la dignidad del hombre.

“Si bien el contrato de locación de servicios no existe más en ningún ámbito del derecho; si alguien intentara utilizarlo estaría desarrollando una conducta inconstitucional, ya que es principio implícito de nuestra Constitución que el trabajo no es una mercancía y que goza de la protección de las leyes entrando ya ahora en el artículo 14 bis”, remarcaron los jueces. Además, agregaron que “la suscripción de este tipo de contratos constituye un verdadero acto de fraude en el sentido técnico-jurídico de la figura y, por tanto, son firmados tratando de burlar el orden público laboral”.

De esta forma consideraron que no cabía la menor duda de la existencia de un verdadero contrato de trabajo. Esta situación -desde el punto de vista de los jueces- fue corroborada por las declaraciones testimoniales. “Así entonces, ante el desconocimiento del carácter laboral de la relación por parte de las demandadas”, resultó avalada la “decisión de la empleada de colocarse en situación de despido indirecto”, indicaron.

Dicha conclusión llevó a confirmar la condena al pago de las multas de la Ley de Empleo (artículos 8 y 15), ya que la dependiente cumplió acabadamente con los requisitos formales que impone el artículo 11 del citado cuerpo legal. Asimismo, confirmaron el incremento previsto por el artículo 2 de la Ley 25.323 y la multa del artículo 45 de la Ley 25.345.

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Fuentes: http://estudiocorzini.com.ar
http://www.iprofesional.com
http://www.ceriniabogados.com.ar

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