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Impulsado desde el gobierno, con la excusa de terminar con lo que se llama “la industria del juicio”, se aprobó la modificación de la ley de ART. Con la aprobación del Senado en diciembre, desde el Ejecutivo se adelantó al visto bueno de Diputados y por decreto se comenzó a instrumentar la nueva normativa. Ante las críticas y el pedido de la oposición el proyecto se envió a Diputados, donde se votó de manera positiva. De que se tratan las modificaciones.

Las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) son un instrumento instalado hace 20 años que funciona como un seguro sobre los posibles accidentes o enfermedades laborales de los empleados y trabajadores. Los servicios de las ARTs, prestados todos por empresas privadas y supervisados por el Estado, no están hoy día enfocados en la prevención de los accidentes laborales sino más bien en “reducir daños”.

Se estima que, actualmente, hay unos 120 mil juicios a las ART por año. Esto es lo que se denomina, desde muchos medios, la industria del juicio. La gran mayoría, son juicios de trabajadores y empleados cuyo perjuicio a la salud ocacionado por el trabajo no ha sido debidamente reparado o resarcido.

Tras la puja en el Senado y su final aprobación con modificaciones, el Presidente Macri impuso otra reforma por decreto a la espera de la aprobación de Diputados.

Según el Gobierno, el proyecto apunta a reducir los juicios obligando a los trabajadores a seguir una vía administrativa y esperar la decisión de la comisión médica, que tendrá amplias facultades para dictaminar acerca de las compensaciones por enfermedades o accidentes laborales, antes de poder recurrir a la Justicia.

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), al imponerse por 88 votos a favor, contra 22 negativos y 44 abstenciones. ¿De qué se tratan estos cambios?

La disputa viene desde noviembre de 2016. Entonces, la CGT brindó en el Senado un crítico informe sobre el proyecto del Gobierno para modificar el régimen. Con el foco puesto más en la prevención que en los posteriores —y muchas veces costosos— tratamientos, representantes gremiales sostuvieron en una comisión de la cámara alta que “El proyecto no soluciona los problemas de los trabajadores, que son los accidentes laborales y las enfermedades profesionales”.

La abogada Marta Pujadas, representante de la CGT en la comisión, aseguró que la iniciativa “busca solucionar la litigiosidad” del sistema pero “no ahonda en las causas” por las cuales cada vez más empleados recurren a los estrados judiciales para reclamar una mejor reparación que la reconocida por la ART, según informó el diario La Nación.

Fue durante enero, que desde el Poder Ejecutivo, se firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), —ver DNU 54/2017 completo— que ya contemplaba las modificaciones que, en febrero, aprobó finalmente el Legislativo.

El eje de las modificaciones impulsadas reside, como lo indica su primer artículo, en la implementación de las comisiones médicas. De esta forma se establece como obligatorio y excluyente la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales como “instancia administrativa previa” a la presentación del trabajador ante la Justicia en reclamo de una indemnización por enfermedad o incapacidad. La resolución de la Comisión Médica Jurisdiccional “agotará la instancia administrativa” del reclamo. “El trabajador tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la Comisión Médica Jurisdiccional ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción [según corresponda] (…)”, apuntaba el DNU.

El objetivo del Gobierno es que las comisiones médicas eviten que trabajadores lesionados vayan a la justicia si no están conformes con las indemnizaciones recibidas, un viejo reclamo de las ART y particularmente las empresas y el poderoso lobby de las cámaras.

Estas últimas sufren menos juicios desde 2012, cuando entonces se impulsó una reforma en la ley para impedir que un trabajador cobre el seguro y vaya a la justicia civil, práctica harto extendida años atrás conocida como “la doble vía”.

¿De qué se trata la nueva ley de ART?

Las claves de la modificación de la ley de ART:

    » Comisiones médicas jurisdiccionales: serán las responsables de determinar si se trata de una enfermedad laboral, cuál es el grado de discapacidad y la indemnización. Los médicos de las comisiones pertenecerán a las ART. Ahora el trabajador deberá asistir de manera obligatoria a estas comisiones, previo a iniciar un juicio. Tendrán un plazo de 60 días para expedirse, que podrá prorrogarse.

    » Comisión médica Central: si el trabajador no está conforme con la decisión de la comisión médica podrá apelar a la Comisión médica Central. Una vez agotadas estas instancias, recién el trabajador podrá iniciar un juicio. Es decir, el Gobierno agrega dos instancias administrativas, extendiendo los plazos, hasta que se pueda recurrir a la justicia.

    » Ubicación de las comisiones médicas: sólo hay 35 en todo el país y en 16 provincias sólo funciona una oficina. Es decir, que el trabajador que padece una enfermedad o está incapacitado producto de las jornadas laborales deberá trasladarse hasta las comisiones médicas.

    » Indemnizaciones: en el proyecto oficial original no se establecía un criterio. Luego se introdujo, que la indemnización se estime con el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), para que no se desactualice por la inflación.

    » Autoseguro Público Provincial: se creará el “Autoseguro Público Provincial” para que las provincias y sus municipios y la Ciudad de Buenos Aires puedan “autoasegurar los riesgos del trabajo, respecto de los respectivos regímenes de empleo público local, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo”.

    » Ley de Protección y Prevención Laboral: la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) enviará dentro de tres meses al Consejo Tripartito Consultivo (integrado por representantes del Gobierno, los trabajadores y las aseguradoras), un anteproyecto de Ley de Protección y Prevención Laboral. Es decir en tres meses, recién se creará un proyecto de prevención laboral, pero ya aprueban extender los pasos para ir a juicio.

    » No hay cambios concretos en lo que respecta a las jornadas laborales, ni establece comisiones de seguridad e higiene para que sean los mismos trabajadores los que controlen la producción, con el fin de mejorar la calidad de salud y seguridad.

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