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El Gobierno oficializó el nuevo salario mínimo sin acuerdo de sindicatos y empresarios: será de $9.700 en julio de 2017. Imputaron al Ministro Caputo por la emisión del bono de deuda a 100 años. Las FARC dejan las armas y ponen fin a 53 años de guerra en Colombia. Se difundieron cifras y estadísticas de empleo del INDEC. Diputados debate la penalización de la corrupción empresaria.

El Gobierno oficializó el nuevo salario mínimo sin acuerdo de sindicatos y empresarios: será de $9.700 en julio de 2017

El nuevo valor representa un aumento de ese ingreso de un 24 por ciento y eleva el actual de $8.060 en tres tramos.

Los montos para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo serán actualizados de la siguiente manera, según detalla la medida: $8.860 a partir del 1° julio próximo, $9.500 desde el 1° de enero y $10.000 en julio de 2018.

Para los trabajadores jornalizados, en tanto, la suba será de $44,30 por hora en julio, $47,50 en enero y $50 desde julio.

En cuanto al seguro por desempleo, las sumas serán las siguientes: en julio se incrementarán el mínimo y el máximo en $2.061 y $3.297,60 respectivamente; desde enero $ 2.209,80 y $3.535,68 respectivamente; y en julio de 2018 $2.326,03 y $3.721,65 respectivamente.

En los considerandos de la resolución publicada hoy, el Ministerio de Trabajo dio cuenta de la negociación que se desarrolló ayer en la sede de la cartera de Leandro N. Alem al 600.

En ese marco, detalló que la representación de los trabajadores propuso que el salario mínimo, vital y móvil se fije en torno a los $14.060, lo que fue rechazado por la representación de los empleadores, que contraofertó un esquema de incremento en tres tramos – a partir del 1° de julio $8.860, a partir del 1° de enero de 2018, $9.200 y a partir del 1° de julio de 2018 $9.700 –, algo que no convenció a los dirigentes gremiales que acudieron a la reunión.

El encuentro plenario del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil entre sindicalistas, funcionarios y empresarios concluyó de forma casi intempestiva ayer por la tarde en la cartera laboral, luego que las tres centrales obreras rechazaron de plano la oferta patronal de aumento del valor de ese ingreso en un 20,3 por ciento, en tres tramos.

Ante la ausencia de un acuerdo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social resolvió elevar a través de un laudo la pauta del mínimo salarial que debe percibir un trabajador soltero en la Argentina por la jornada laboral acordada a $10.000, lo que equivale a un aumento del 24%.

Imputaron al Ministro Caputo por la emisión del bono de deuda a 100 años

Es por administración fraudulenta y cohecho internacional.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue imputado este martes por administración fraudulenta. La decisión la tomó el fiscal federal Juan Pedro Zoni al considerar que la emisión de 2.750 millones de dólares con un bono a cien años que anunció el lunes pasado podría haber implicado “conductas delictivas en perjuicio de la Administración Publica Nacional”.

El requerimiento fiscal pidió al juez federal Ariel Lijo abrir la causa para investigar la emisión de deuda pública y disponer una serie de medidas y diligencias de prueba. Hasta el momento, el Gobierno no hizo públicos los términos de la emisión de la deuda, lo que acarreó críticas y sospechas sobre la legalidad y la adecuación al interés nacional de la emisión.

El problema es que más allá de los números técnicos, la operación si tiene un costado muy oscuro: La negativa del gobierno a publicar el prospecto de emisión, que alentó los rumores de que no se contempla la opción de recompra del bono por el Estado “call”, lo que lo con vierte en una carga pesadísima para las futuras generaciones. Además, en el mercado dan por seguro que la operación fue una movida llave en mano ofrecida por el polémico fondo Marhaton, que ya hizo negocios extraordinarios con Axel Kicillof.

Los argumentos del fiscal

“El presente impulso penal no puede soslayar el interés y trascendencia que reviste la temática denunciada, por las consecuencias y entidad de los perjuicios económicos que le generan al Estado Nacional las conductas imputadas”, sostuvo el fiscal Zoni en su escrito.

A la vez, el fiscal sostuvo que “corresponde resaltar que en los últimos días se han expresado públicamente distintos especialistas vinculados a la operatoria de bonos que han realizado diversos cuestionamientos sobre el endeudamiento denunciado que justifican la apertura de una investigación criminal en orden a estos hechos”.

La denuncia la realizaron 14 diputados nacionales por posible “administración fraudulenta y cohecho transnacional”. Según los denunciantes, la emisión que paga un cupón de 7,125% por cien años es “una ruinosa operación para los intereses del Estado, del fisco y del pueblo argentino de hoy y de las futuras generaciones”.

Las FARC dejan las armas y ponen fin a 53 años de guerra en Colombia

“Adiós a las armas, adiós a las guerra. Bienvenida la paz”, dijo Timochenko, líder de la guerrilla.

“Adiós a las armas, adiós a las guerra. Bienvenida la paz”, exclamó el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko. Cincuenta y tres años después de haber surgido como un pequeño grupo de autodefensa campesina en Colombia, las FARC dejaron de ser ayer una organización guerrillera para dar un paso hacia su transformación en un movimiento político legal. El acontecimiento histórico tuvo lugar en un acto público en el municipio de Mesetas, en una zona donde ese grupo cometió numerosos ataques en el marco del conflicto armado interno, siete meses después de la firma del acuerdo de paz con el gobierno colombiano, negociado durante cuatro años en La Habana.

Creadas por el mítico Manuel Martulanda, Tirofijo, en 1964, Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entregaron las armas en tres fases desde el pasado 7 de junio. La última etapa terminó este lunes y ayer se cerró el ciclo con una ceremonia llena de simbolismo en un país que ha sido azotado por la violencia. Casi un millar de invitados asistieron al acto, que estuvo encabezado por el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, quienes ya habían protagonizado un hito al firmar la paz el 24 de noviembre de 2016.

Santos, que el año pasado recibió el Premio Nobel de la Paz por la firma del acuerdo con las FARC, aseguró que el Estado cumplirá la palabra empeñada y que los ex jefes guerrilleros podrán dedicarse a la política con plenas garantías de seguridad. “Hoy, 27 de junio, para mí y la inmensa mayoría de los colombianos es un día muy especial, un día que jamás olvidaremos, el día en que las armas se cambiaron por las palabras. Por vivir este día ha valido la pena ser presidente de Colombia”, dijo.

El jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, el francés Jean Arnault, dijo que los delegados de su organización recibieron 7.132 armas de los 6.803 guerrilleros que arribaron a los campamentos. Arnault dijo que solamente quedaron en manos de las FARC 700 armas para la seguridad interna de los campamentos donde están concentrados sus miembros, que serán entregadas el 1° de agosto. Ese día la ONU extraerá todas las armas de esos lugares para ser fundidas y usadas en la elaboración de tres monumentos a la paz que estarán en La Habana, por haber sido el escenario del proceso de paz, en Nueva York, la sede del organismo internacional, y en Colombia.

Londoño dijo que el acto final de la entrega de las armas a la ONU no significa la desaparición de las FARC, sino su transformación en un movimiento legal.

Ver fuente: Clarín (27/06/2017)

Se difundieron cifras y estadísticas de empleo del INDEC

El desempleo llegó al 9,2 por ciento en el primer trimestre, su nivel más alto en una década. La subocupación, al 9,9. Más de 3,3 millones de personas urbanas están desempleadas o subocupadas, según la proyección de las cifras del Indec.

El desempleo llegó a 9,2 por ciento en el primer trimestre de 2017 y se convirtió en el registro más elevado en una década para ese momento del año. La situación del mercado de trabajo relevada por el Indec colisiona con el diagnóstico de reactivación laboral que el Gobierno promociona desde enero. Las cifras publicadas ayer dan cuenta de la existencia de 1.149.000 personas sin empleo. Cuando ese dato se proyecta a la totalidad de la población urbana, la cantidad de desocupados asciende hasta 1.600.000 individuos.

La tasa de empleo, la cantidad de ocupados en relación a la población total encuestada, fue 41,3 por ciento. Si bien no es posible realizar la comparación interanual, es el más bajo desde 2006. “Los datos de la desocupación son los mismos que vienen hace mucho tiempo, están siempre oscilando entre el 7 y el 9 por ciento, y  esto no es una novedad”, consideró el ministro de Trabajo, Jorge Triaca (ver aparte). El funcionario no sólo desestimó el impacto de la recesión sobre el desempleo sino que consideró que “costos laborales no salariales”, como las contribuciones patronales y aportes personales,  y la “industria del juicio” son los principales impedimentos para que “muchos trabajadores accedan a un puesto de trabajo”. La historia argentina evidencia que las políticas diseñadas para atacar esas supuestas trabas no sólo no promovieron la creación de empleo de calidad sino que desfinanciaron los sistemas de la seguridad social en un contexto de crecimiento de la informalidad.

El informe publicado ayer por el Indec sostiene que “la tasa de desocupación presenta un incremento estadísticamente significativo”. Sin embargo, para la entidad “los resultados del primer trimestre de 2017 no presentan diferencias estadísticamente significativas en la actividad y el empleo con relación al trimestre anterior”. En otras palabras, el organismo sostiene que, sus datos, no permiten explicar por qué creció el desempleo. El reconocimiento de la incapacidad del instituto para ofrecer una interpretación a los resultados de sus encuestas contrasta con la celebración de las estadísticas económicas y laborales que repiten desde comienzos de año los miembros del gabinete en los medios y sus redes sociales.

El 9,2 por ciento de desempleo registrado entre enero y marzo de 2017 marca un aumento de 1,6 puntos porcentuales contra el último trimestre del año pasado, cuando el indicador marcaba 7,6 por ciento. Los datos muestran que, más allá de la abstención del Indec, el incremento responde a la contracción de las tasas de empleo que pasaron de 41,9 a 41,3 por ciento, o sea que disminuyó la cantidad de personas ocupadas en relación a la población total. En tanto, el nivel de actividad, el número de individuos activos -tienen o buscan trabajo- sobre toda la población mostró una leve variación de 45,3 a 45,5 por ciento. La serie histórica del Indec muestra que durante el primer trimestre del año suele observarse un aumento frente al período anterior. Esta oportunidad no sólo no interrumpió esa lógica sino que marcó el nivel más elevado para un primer trimestre desde 2007.

Diputados debate la penalización de la corrupción empresaria

Se logró alcanzar el quórum reglamentario para abrir la sesión. El proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo busca penalizar la corrupción empresaria contra la Administración Pública con fuertes multas y con la prohibición de participar en licitaciones públicas.

Se logró alcanzar el quórum reglamentario para abrir la sesión de la Cámara de Diputados en la que está previsto el tratamiento de un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo para penalizar la corrupción empresaria contra la Administración Pública con fuertes multas y con la prohibición de participar en licitaciones públicas, entre otras sanciones.

El oficialismo y un conjunto de bancadas opositoras logró juntar los 129 legisladores para habilitar el debate sobre la corrupción, pese a la presión ejercida por el presidente del bloque kirchnerista, Héctor Recalde, para que se levante la deliberación a cumplirse el plazo de espera de media hora que establece el reglamento para reunir el quórum.

Al comenzar la sesión especial, los diputados realizaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del accidente en Mendoza ocurrido el domingo último en la Cuesta de los Terneros, cerca de San Rafael, que dejó un saldo de 15 muertos, y recordaron al dirigente Gerónimo “Momo” Venegas, quien falleció el lunes último tras una larga enfermedad.

La propuesta oficial de penalización a las empresas que participan de actos de corrupción, impulsada por el Poder Ejecutivo a instancias de un proyecto elaborado por la Oficina Anticorrupción (OA), apunta a dar a la Justicia nuevas herramientas para sancionar la corrupción empresaria contra la Administración Pública, donde se contempla introducir fuertes multas, que llegan incluso a la posibilidad de quitarle a la firma involucrada la posibilidad de seguir operando en el país.

Durísima critica de la Cámara Electoral al escrutinio provisorio que el gobierno entregó a Indra

Le recordó al Ejecutivo que hace meses presentó un plan para estatizar el escrutinio y hacerlo más seguro.

La Cámara Nacional Electoral formalizó este martes una inédita crítica contra el Gobierno por haber vuelto a privatizar el escrutinio provisorio, que como reveló LPO fue entregado nuevamente a la española Indra, en un proceso cuestionado.

El durísimo planteo de la CNE surge a partir del intento del Poder Ejecutivo de instalar que el polémico proceso de licitación realizado a través del Correo Argentino (que realizó un concurso privado y que desde el propio gobierno se anticipaba que sería ganado por Indra), se hizo de ese modo por pedido de la propia Cámara, algo que desde ese organismo ya habían rechazado la semana pasada ante la consulta de este portal.Ahora, la CNE hizo oficial su posición y en una acordada aclaró que “pese a reiterados requerimientos, el escrutinio provisorio continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo sin participación alguna de la justicia nacional electoral”. A continuación, deja sentado que tampoco tiene participación “en la contratación de prestadores de servicios”. Es decir, nada tuvo que ver con la entrega del escrutinio a Indra.

La crítica de la CNE al Poder Ejecutivo revela una escalada de la tensión a partir de que LPO sacó a la luz que el Correo preparaba una licitación a medida de Indra. Antes de conocerse la acordada, estaba previsto que los jueces que integran la Cámara, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via, se reunieran en las próximas horas con autoridades del Ministerio del Interior. No está claro finalmente si encuentro se realizará-

Todo el proceso de entrega del escrutinio a Indra estuvo en las sombras. Meses ntes del “concurso privado”, el Gobierno había decidido anular una licitación preparada por el secretario de Asuntos Electorales, Adrián Pérez, y que en el sector consideraban impecable. Y traspasó el proceso al Correo, que por ser una SA (aunque el cien por ciento de las acciones está en manos del Estado) puede flexibilizar los procesos de contratación. La maniobra se cerró con la incorporación a esa empresa estatal del ex Director Electoral Alejandro Tullio, un conocido nexo de Indra en Argentina y que llegó a ese cargo por gestión del asesor presidencial José Torello.

Finalmente, el viernes pasado se supo que Indra cobrará 25 millones de dólares por realizar el escrutinio provisorio. Lo que llama la atención es el silencio del resto de la clase política ante las sospechas en torno al proceso.

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