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Política de miércoles: los temas más relevantes de la semana

Escrito por Unión Informática el . Posteado en Actualidad Nacional e Internacional, Noticias, Páginas, Politica, Resumen semanal

El Ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, compareció durante más de 10 horas ante la ante un plenario de cinco comisiones en la Cámara de Diputados. Por su parte, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó presentó su dictamen sobre tarifazo, apuntando a la falta de audiencias públicas y a favor de los amparos que frenan las subas en las tarifas de gas y luz: el primer revés jurídico sobre el tarifazo, en la recta final para el fallo definitivo en el que trabaja la Corte Suprema de Justicia por los aumentos de gas. Por último, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó hoy que Belén sea puesta en libertad. #PolíticaDeMiércoles.



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En audiencia en Diputados, Aranguren intentó explicar cómo se compone el aumento de gas

Juan José Aranguren expuso ante un plenario de cinco comisiones en la Cámara de Diputados, donde defendió la falta de audiencias públicas y ratificó los tarifazos, pero no supo explicar cómo las calculó y ni siquiera cuánto vale el gas en boca de pozo en las diferentes regiones del país.

“¿Cuánto se aumentó el gas en cada uno de sus eslabones: producción, transporte y distribución?”, le preguntó la massista Liliana Schwindt, presidenta de la Comisión de Derechos del Consumidor.

“Como tenemos distintas subregiones no le puedo dar exactamente el porcentaje que responde a cada uno de los eslabones de la cadena, pero me comprometo a acercarlo a su Comisión”, admitió Aranguren.

Sobre el final de una sesión que duró 10 horas, Aranguren dejó claro que espera un fallo de la Corte para ratificar el régimen tarifario de luz y gas impugnado por tribunales de todo el país.

“No le voy a hacer ninguna propuesta a Macri, porque yo no creo que esto sea un tarifazo, porque todavía la tarifa es subsidiada. Y el subsidio lo pagan todos los argentinos. ¿Sabe cómo?: Con más inflación”, le respondió al diputado Edgardo Depetri, ante la insistencia en saber si la presión parlamentaria rendiría sus frutos.

El ministro llegó a las 14 tras una reunión con el bloque de diputados de Cambiemos y brindó una exposición de media hora, ayudado por un power point.

Mostró como los subsidios crecieron mayormente para “los más ricos” y los residentes en la zona metropolitana, “que pagaba hasta 7 veces menos que el resto del país”. Comparó el escaso aumento de las tarifas comparado al 1400% de inflación acumulada y al índice de inflación, que creció 1.670%. Y protestó por la energía y el gas barata de la Patagonia.

Largo debate

Coordinado por Luciano Laspina, presidente de la comisión de Presupuesto, el interrogatorio, organizado en tandas de 3 o 4 preguntas, no fue nada fácil para el ministro.

Schwindt tampoco logró que Aranguren hiciera un mea culpa por no haber convocado a audiencias públicas para definir los tarifazos, argumento que utilizaron la mayoría de los jueces para suspenderlos.

“El artículo 42 de la Constitución no habla de audiencias públicas sino de información veraz y adecuada”, se justificó el ministro. Sin embargo, ese apartado sí habla de “participación de las organizaciones de los consumidores”, trámite que Aranguren creyó resuelto a partir de una revisión tarifaria integral que el Gobierno anterior nunca concluyó.

El diputado por San Juan, José Gioja, mostró una boleta de su provincia con una tarifa de 68 mil pesos, en un intento exagerado por mostrar que la facturación no fue la anunciada por el Gobierno. “Seguro que fue un error”, confió. Aranguren se reía.

Un rato más tarde, el neuquino Norman Martínez citó un coterráneo suyo con 16 mil pesos de sueldo y tarifas de gas por 14 mil. Más terrenal fue el caso que trajo Néstor Pitrola, del Partido Obrero. “Un empleado público de Salto gana 7000 pesos y paga 2000 de luz. ¿Le parece?”, lo increpó.

Aranguren nunca respondió a ejemplos concretos, como desentendiéndose del valor final de las facturas, una tarea que no parece tener nadie en el Gobierno.

Menos convenció el ministro cuando negó cualquier favoritismo a Shell, empresa de la que fue CEO y tiene acciones. “No hay funcionario de este Ministerio que tome una decisión particularmente vinculada con alguna empresa que ha tenido participación o fue empleado en los últimos años”, aseguró. “No nos tome por pavotes”, lo cruzó la bonaerense Graciela Camaño.

El rionegrino Martín Doñate lo acusó sin vueltas de hacer negocios. “Las acciones de Shell subieron. Usted ganó plata. Usted tiene información privilegiada respecto a los demás. Está vulnerando el artículo 308 del Código Penal”, denunció.


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Gils Carbó dictaminó contra tarifazo y apuntó a falta de audiencias

Finalmente la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó presentó su dictamen sobre tarifazo, apuntando a la falta de audiencias públicas y a favor de los amparos que frenan las subas en las tarifas de gas y luz.

La medida, si bien no es vinculante, representa el primer revés jurídico sobre el tarifazo, en la recta final para el fallo definitivo en el que trabaja la Corte Suprema de Justicia por los aumentos de gas, con miras a resolver mañana.

En el documento, de 18 carillas, la jefa de los fiscales hizo especial énfasis en la ausencia de audiencias públicas previas a disponer los nuevos cuadros tarifarios y retomó antecedentes de jurisprudencia y la opinión de una decena de dictámenes fiscales que otorgaron cautelares a favor de los usuarios y consumidores.

En su dictamen, difundido en la página web fiscales.gob.ar, la Procuradora recordó que todos estos estamentos del Poder Judicial “se expidieron a favor de la procedencia de la suspensión cautelar del aumento tarifario solicitada, por haberse omitido la realización de una audiencia pública previa”.

La Procuradora también estimó que correspondía rechazar el planteo del Estado Nacional, según el cual las normas cuestionadas fueron dictadas en el marco de las leyes de emergencia, sobre cuya base el Ejecutivo dispuso que la audiencia sólo regía para la Revisión Integral de Tarifas y no para aumentos transitorios.

Tras el análisis de la normativa, consideró que “las resoluciones 28/2016 y 31/2016 impusieron a los usuarios y consumidores un aumento significativo que impacta, de manera inmediata e irreversible, en el acceso a un servicio básico y en la planificación de gastos familiares y costos empresariales”.

Para la Procuradora, “desde el punto de vista de los usuarios, ello descarta el carácter transitorio que le atribuyó el Estado Nacional a las medidas cuestionadas”.

Gils Carbó citó el propio informe del Poder Ejecutivo presentado ante la Corte Suprema de Justicia, en el cual se destaca que “el treinta y ocho por ciento (38%) de los usuarios se ve afectado por aumentos que superan el cuatrocientos por ciento (400%)”.

Al respecto, señaló: “La incidencia del aumento es, incluso, más severa en el caso de los usuarios de las categorías SGP (pequeños consumos comerciales o industriales), dado que el cien por ciento (100%) debe afrontar aumentos que en promedio superan el quinientos por ciento (500%), e incluso en algunos casos alcanzan el mil quinientos por ciento (1.500%)”.

Por otra parte, respecto de la invocación de las normas de emergencia, la Procuradora General consideró que estas leyes “lejos de entender que la celebración de audiencia pública obstaculiza la renegociación, la concibieron como una herramienta útil” para proteger “el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios”.

Este es el paso previo imprescindible para la ambición del Gobierno de obtener un fallo favorable de la Corte. Con el escrito, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti quedarán habilitados para tomar una decisión que, de postergarse, podría incluir como quinto voto a Carlos Rosenkrantz, próximo a asumir el lunes.


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La justicia tucumana ordenó liberar a Belén

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó que la joven sea puesta en libertad luego de estar detenida más de dos años. Había tenido un aborto espontáneo, pero la condenaron en abril a ocho años de prisión por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”.

A través de un fallo firmado por los vocales Antonio Gandur, Antonio Estofán y Daniel Posse y después de pasar más de dos años en prisión, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó hoy que Belén sea puesta en libertad

El máximo tribunal de la provincia contradijo las decisiones que la justicia tucumana había tomado y dispuso que las actuaciones vuelvan a la Sala III de la Cámara Penal, que emitió el fallo condenatorio, para que instrumente la liberación efectiva de la joven.

Belén había sido condenada en abril a ocho años de prisión por "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía", luego de que los jueces que la sentenciaron consideraran que tuvo a su bebé en un baño del hospital Avellaneda y que lo asesinó arrojándolo a un inodoro.

Sin embargo, lo que en verdad ocurrió en 2014 fue que llegó junto a su mamá al hospital Avellaneda de la ciudad de San Miguel de Tucumán con dolores estomacales, que fueron tratados con calmantes. Tuvo una hemorragia que los médicos diagnosticaron como "aborto espontáneo incompleto sin complicaciones". Cuando recibió el alta médica fue trasladada directamente al Penal de Santa Ester, la unidad carcelaria donde está presa desde hace 26 meses.

El proceso penal estuvo plagado de irregularidades, por lo que recibió el repudio de organizaciones a nivel nacional e internacional, que exigieron al Estado argentino que tome medidas para la inmediata liberación de Belén en virtud de las violaciones que se cometieron, sin respetar estándares internacionales de derechos humanos.


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