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El proyecto logró dictamen en un plenario de comisiones de Derechos Humanos y Legislación General y ya puede ser tratada en el recinto. Amplía la cantidad de conductas que serán consideradas ilegítimas. Logró el consenso de las fuerzas políticas más importantes. El último antecedente, es la aún vigente Ley Antidiscriminatoria de 1988. Se contempla la “discriminación gremial” como una grave conducta ilegítima.


Importantes cambios sociales han atravesado a los argentinos desde 1988, cuando se sancionó la última "Ley Antidiscriminatoria". Una nueva versión de la Ley fue discutida en las comisiones de Derechos Humanos y Legislación General de la Cámara de Diputados. En la misma se contempla la ampliación de contuctas consideradas ilegítimas, como, particularmente, la discriminación y persecución gremial.

Importantes cambios sociales han atravesado a los argentinos desde 1988, cuando se sancionó la última “Ley Antidiscriminatoria”. Una nueva versión de la Ley fue discutida en las comisiones de Derechos Humanos y Legislación General de la Cámara de Diputados. En la misma se contempla la ampliación de contuctas consideradas ilegítimas, como, particularmente, la discriminación y persecución gremial.

Desde hace algunos años, como consecuencia de la reforma de la Constitución Nacional y la sanción de la ley el matrimonio igualitario, diferentes espacios trataron de modificar la normativa vigente para incluir nuevas conductas y situaciones.

Durante el 2016, en la Cámara de Diputados llegaron a coexistir más de una docena de proyectos sobre el tema, que contemplaban incorporar modificaciones a determinados artículos de la ley actual o directamente promover su derogación y reemplazo, mientras que en el Senado el número de proyectos llegó a siete. Actualmente, la ley antidiscrimatoria en vigencia es la Ley 23.592, sancionada y promulgada en agosto de 1988.

La iniciativa que se tomó como base fue una presentada por el diputado Daniel Lipovetzky , pero fue consensuada a partir de diferentes propuestas elaboradas por otros legisladores.

La presidenta de la comisión de DD.HH., Victoria Donda, destacó que se trabajó “arduamente” sobre el proyecto, con el fin de “poder tener una ley que finalmente proteja a hombres y mujeres que han sido vulnerados”.

El proyecto de ley establece que el objeto es garantizar y promover la plena vigencia del principio de igualdad y no discriminación, con vistas a asegurar el efectivo ejercicio de los derechos de todas las personas y grupos de personas”.

También, impulsa prevenir la discriminación en todas sus formas, a través de “la implementación y el desarrollo de políticas públicas inclusivas y acciones afirmativas que promuevan la igualdad de oportunidades y fomenten el respeto a la diversidad y a la dignidad inherente de cada ser humano”.

Asimismo, busca generar las “condiciones necesarias para investigar, sancionar y reparar los actos discriminatorios, garantizando el acceso a la justicia y generando condiciones aptas para erradicar la discriminación”.

En la norma se define como discriminación a toda distinción normativa que excluya, restrinja o menoscabe el goce o el ejercicio igualitario de los derechos, que puede manifestarse de forma directa o indirecta.

Se establecen como acciones discriminatorias aquellas que segregan a personas o grupos de personas por su raza, sexo, etnia, nacionalidad, nacimiento, origen nacional, situación migratoria, estatus de refugiado/a o peticionante de la condición de tal, situación de apátrida, lengua, idioma o variedad lingüística, religión, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, orientación sexual, género, identidad de género y/o su expresión, edad y color de piel.

También por estado civil, situación familiar, filiación, embarazo, responsabilidad familiar, antecedentes o situación penales, trabajo u ocupación, lugar de residencia, caracteres físicos, discapacidad, características genéticas, capacidad psicofísica y salud física, mental y social, situación económica o condición social, hábitos personales, sociales y/o culturales, y/o de cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o permanente que implique distinción, exclusión, restricción o preferencia.

Uno de los artículos prevé la reparación, por medio de la cual la persona o grupo de personas que se considere/n discriminada/s pueden requerir por vía judicial o administrativa, según corresponda, el cese del acto discriminatorio y/o la obtención del resarcimiento de los daños que el hecho, acto u omisión le ocasiona y/o la condena en caso de cometerse algún delito tipificado por el Código Penal. Asimismo, la autoridad de aplicación garantizará la asistencia y patrocinio gratuito a las víctimas de discriminación.

Asimismo, la autoridad de aplicación, que estará en cabeza del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI) garantizará la asistencia y patrocinio gratuito a las víctimas de discriminación.

Además, cambia uno de los aspectos fundamentales de la normativa vigente es que en la actualidad quien denuncia la discriminación tiene que demostrarla. Esa situación dificulta mucho el avance de los procesos.

Por ese motivo, se incorporará el concepto de inversión de la carga de la prueba, lo que implica que quien está denunciado como discriminador tenga que probar que no quiso discriminar al llevar a cabo la conducta que se le reprocha.

La enumeración es más amplia que la establecida en la Ley Nacional 23.592. Se incorporan numerosos grupos social e históricamente vulnerados y sistemáticamente discriminados que actualmente no se encuentran contemplados en dichas normas.


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