Bono de fin de año: la letra chica de un Decreto que no mejora la situación

    Con un decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, el Poder Ejecutivo dispuso un “bono de fin de año” y algunas medidas tendientes a emparchar la pésima situación que atraviesan los salarios y el empleo registrado en el país. En qué consiste esta medida, el impacto real y su implementación en la actividad informática.

    Como ya se ha abordado en otras entregas de este mismo portal, la situación del empleo privado y salarios dista de ser la mejor.

    Informes de instituciones públicas y privadas coinciden en que los sueldos de los trabajadores pueden comprar entre un 8,5 y 12% menos que hace un año. No obstante las recomposiciones alcanzadas por uno u otro sindicato en cada actividad, el parate en la economía real, la inflación que no cede, una devaluación del 100% del valor del peso en menos de un año, la liberalización de las importaciones y mercados financieros -entre otras-, llevaron a una verdadera crisis de empleos, salarios, consumo y actividad económica.

    Sin un indicador de empleo que muestre mejoras en las estadísticas mensuales o interanuales, el Gobierno tomó una medida sui generis para intentar frenar el descontento que se expande entre empleados y sindicatos. Y también empresas.

    El “bono de fin de año” decretado a través del Ministerio de Producción y Trabajo busca, por un lado, emparchar la situación salarial de cara al último tramo de 2018, antes de las fiestas y la vacaciones, y frenar los posibles despidos que traiga por consecuencia la recesión económica. El objeto último de la medida es apaciguar el creciente descontento social.

    Bono de fin de año: la letra chica de un Decreto que no mejora la situación

    En lo que va de 2018, el salario registrado perdió en promedio entre 8,5 y 12% ante la inflación. A días de que termine el año, un decreto del gobierno, respaldando un acuerdo del Ministerio de Producción y Trabajo confirmó una “asignación no-remunerativa” -conocida como “bono de fin de año”- para los trabajadores registrados del sector privado. ¿Cómo impacta el bono en la actividad informática y en la Comisión Paritaria en curso?

    Poco para festejar. Si bien es cierto que cualquier dinero extra que ingrese a las alicaídas economías domésticas es bienvenido, con salarios atrasados y devaluados, el bono, se iría al consumo de productos de primera necesidad o bien a cubrir las deudas que agobian a familias enteras. No obstante, siendo que se trata de un bono no remunerativo que sólo afecta a trabajadores registrados en relación de dependencia, éste sólo impactaría en unos 9,5 millones de trabajadores.

    Según informó Diario BAE, de los 12,2 millones de ciudadanos con empleo formal -sector privado o estatales, monotributistas, etc-, sólo 6,5 millones estarían en condiciones de recibir el bono decretado por el gobierno “sin problemas”. Se trata de empleados en empresas y establecimientos sin problemas financieros severos -caso industria textil, marroquinería y otras en crisis- o actividades más estables. Para las grandes firmas exportadoras de productos o servicios, el pago del bono no es un problema: éstas ya salieron más que ganadoras en un año en que el peso -la divisa en la que pagan salarios- se devaluó más del 100%.

    Si se mira la foto completa, a los 12,2 millones de registrados, habría que sumar los 5 millones de trabajadores en negro. La cuenta da que de 17,2 milones de empleados, sólo 6,5 percibirían la asignación: se trata entonces de un beneficio que impacta solamente en el 35% de los trabajadores.

    Un comienzo de solución estaría más en la reapertura de paritarias libres, garantizado este derecho por un Estado presente, y políticas tendientes a proteger a aquellos hogares y trabajadores que no están bajo el paraguas de los beneficios del trabajo registrado.

    Desde la Unión Informática, aún con una comisión paritaria en curso, está estudiando la forma en que se implementará este bono no remunerativo decretado por el Gobierno.

    El bono y la Paritaria 2018

    Según trascendió de las últimas reuniones de la Comisión Paritaria entre la Unión Informática y las empresas del sector, el bono se paga.

    Los empleados informáticos en las empresas que aplican el Convenio de Trabajo de la Unión Informática, y aún las que miran de reojo los acuerdos alcanzados por La Unión, cobrarán esta asignación de la forma que establece el decreto del Poder Ejecutivo (ver más abajo). Será un extra entre fin de año y el fin de la actual paritaria, que cierra en marzo.

    Si bien desde la Unión Informática -al igual que otros sindicatos- se aclaró que no se está de acuerdo con las cifras no-remunerativas (ni aún con la forma en que se estableció), todo suma en el cierre de un año más que difícil.

    Este “bono de fin de año” no es una victoria que puedan arrogarse los grandes gremios, ni menos los chicos. Tampoco es una verdadera recomposición para salarios desactualizados ni significa una mejora sustancial para los sueldos más bajos (para esto están las paritarias).

    Y si bien es cierto que para algunas PyMEs puede significar un problema económico afrontar esta asignación, para las grandes empresas del sector de servicios tecnológicos como IBM, Accenture, Globant, HPE, DXC, Indra, NCR, Sonda y otras, multinacionales exportadoras cuyos márgenes se vieron maximizados por la devaluación, el bono significa apenas US$ 129 por empleado.

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    El Decreto 1043/18

    El decreto 1043/18, negociado entre el gobierno y algunos sindicatos fue publicado el 12 de noviembre. A lo largo de unos pocos artículos, se establecen dos políticas. La primera es la implementación de un bono no-remunerativo para trabajadores del sector privado formal de $5.000. La segunda, medidas para evitar despidos sin causa hasta marzo de 2019.

    Es el mismo texto del decreto quien destaca el aumento constante de precios constatado por las estadísticas del INDEC, y menciona el impacto socio-económico que la devaluación y la crisis económica tiene no sólo en los salarios registrados (aquellos que negocian paritarias y recomposiciones) sino en la sociedad en general (35% de trabajo no registrado).

    De este panorama, en el decreto se desprende lo siguiente: “Que en virtud de lo expuesto, resulta procedente establecer una asignación no remunerativa para los trabajadores del sector privado, dejándose constancia que ello no implica una afectación del derecho constitucional de negociación colectiva, el cual mantiene plena vigencia con los niveles y alcances que determinen las partes en cada caso.” En otro párrafo de la misma norma haciendo mención a la medida para evitar despidos, se lee lo siguiente: “Que asimismo corresponde establecer un procedimiento por el cual los empleadores, en forma previa a disponer despidos sin justa causa, deban comunicar de manera fehaciente la decisión al MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, con una anticipación no menor a DIEZ (10) días hábiles de hacerla efectiva.” Sendas medidas son explicadas y desarrolladas, no sin contradicciones, en los dos primeros capítulos del Decreto 1043/18.

    El decreto está redactado de forma confusa y hasta contradictoria. Esto presta para malos entendidos o deja librado a la buena voluntad de sindicatos y -particularmente- empresas que sea efectiva o no la asignación y la forma. A continuación desarrollamos una explicación.

    Sobre la "asignación no-remunerativa" o "bono de fin de año"

    Veámos que dice el decreto. En los cinco artículos del primer apartado, se destacan los siguientes puntos:

    Art. 1

    El primer artículo establece la asignación no remunerativa (bono) de $5.000 para todos los trabajadores del sector privado, a pagar con los meses de noviembre (pagadero diciembre, $2.500) y diciembre (pagadero enero, $2.500).

    Art. 3

    El artículo tercero, no obstante, aclara que las partes -sindicatos y empresas- podrán en cada caso adaptar el pago del bono en cuotas y plazos según cada caso particular. Se sabe que hay actividades én franca crisis y otras aún favorecidas. No es lo mismo la situación de la industria textil que la de los servicios financieros. Así como tampoco se puede comparar grandes empresas con pequeñas y medianas.

    Art. 4

    El artículo cuarto está redactado de forma confusa. Se establece la posibilidad que el bono sea absorbido por la paritaria firmada entre empresas y sindicatos. “podrán compensar aquél aumento con la suma total de laasignación establecida en el artículo 1° del presente hasta su concurrencia”, o bien que “las sumas que pacten en concepto de revisión salarial de la pauta correspondiente a la negociación colectiva del año 2018”. En síntesis, que el bono puede ser absorbido como monto de la renegociación salarial.

    Una medida anti-despidos

    El segundo capítulo del decreto explicita una serie de medidas tendientes a trabar posibles despidos en las empresas. El apartado en cuestión se titula “Procedimiento previo de comunicación para despidos sin justa causa”. Lo que pretende el gobierno con estos artículos es impedir cualquier despido entre fin de año y marzo. Es el mismo gobierno quien pareciera haber tomado nota sobre el peligro que corren miles de familias ante una recesión y crisis económica de dimensiones que aún se desconocen. No se trata sólo de estadísticas, sino de personas, trabajadores y familias con necesidades básicas insatisfechas. Cada puesto de trabajo cuenta.

    Art. 6

    El artículo sexto establece hasta el 31 de marzo de 2019 un régimen por el cual los empleadores deberán comunicar, por medio de un formulario, al Ministerio de Producción y Trabajo antes de despedir “sin justa causa” a un empleado.

    Art. 7

    En el artículo séptimo se establece que previo aviso de diez días, el Ministerio de Producción y Trabajo -recordemos que no hay más Ministerio de Trabajo, ahora degradado a Secretaría tampoco tiene un Secretario de Estado a cargo- podrá convocar a las partes a una audiencia para resolver las tensiones y evaluar la forma de evitar el despido.

    Este tipo de medidas ya tienen un pésimo antecedente con la actual administración. Fue en 2016, cuando con cientos de empresarios, el Poder Ejecutivo firmó un acuerdo con grandes empresas para “no reducir los planteles de empleados durante 90 días, a generar planes de inversión para promover más puestos de trabajo y a trabajar junto al Gobierno Nacional y a los sindicatos en una agenda de desarrollo y de mejora de calidad del empleo en el país, sector por sector” (ver La Nación, 23/05/2016). En aquella oportunidad no sólo no se detuvieron los despidos por 90 días, sino que nunca hubo plan de desarrollo y empleo. ¿Podrán ahora con una economía que parece no tener signos vitales?

    El decreto completo

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