A continuación dos historias de trabajadores que se replican en algunas empresas. Como se idearon varios artificios para reducir el costo laboral, la ley también tiene herramientas anti fraude, en particular por empresas prestadoras de personal supuestamente “eventual”.


Fuente: www.derechoenzapatillas.org

La forma de contratación tercerizada tiene una consecuencia principal en la fragmentación del mercado laboral.  La segmentación de la fuerza de trabajo tiene el propósito de dividir el colectivo de trabajo debilitando las organizaciones sindicales, consideradas como una traba para la reconversión productiva y los ajustes estructurales.

La forma de contratación tercerizada tiene una consecuencia principal en la fragmentación del mercado laboral. La segmentación de la fuerza de trabajo tiene el propósito de dividir el colectivo de trabajo debilitando las organizaciones sindicales, consideradas como una traba para la reconversión productiva y los ajustes estructurales.

Ambas historias tienen en común que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó que la relación que unió a la empresa y el trabajador fue un contrato por tiempo indeterminado porque no se probó que las tareas eran eventuales. Y tanto la empresa proveedora del personal como la que aprovechó sus servicios se consideraron responsables de pagarle las indemnizaciones al empleado.

La empresa usuaria es responsable de las obligaciones derivadas de un contrato de trabajo.

Todo comenzó cuando la típica empresa de personal eventual contrató al trabajador para que prestara tareas para otra, como trabajador en una empresa de plásticos de la zona norte, para lo cual alegaron una contratación eventual.

Sin embargo, la regla general que la ley 20744 establece es que todo contrato es por tiempo indeterminado (art. 90 LCT); por ende, la empresa que contrate trabajo eventual debe probar los hechos que justificaran esa contratación excepcional (algo extraordinario, ej. aumento de ventas por el “día del padre”).

El caso en cuestión encuadra en el supuesto previsto en el primer párrafo del art. 29 de la LCT en cuanto dispone como regla general que los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a otras empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación.

El último párrafo del citado art. 29 de la ley reconoce una excepción cuando la contratación se efectúa a través de una empresa de servicios eventuales. Pero para esto es indispensable que la empresa esté registrada ante el Ministerio de Trabajo con ese carácter y que las prestaciones efectuadas por el trabajador sean de naturaleza eventual.

Los magistrados destacaron que de la prueba, no surgía que el trabajador suscribiera un contrato de trabajo eventual que cumpliera con la totalidad de los requisitos exigidos por las prescripciones previstas en los arts. 29 y 29 bis de la ley de contrato de trabajo.

Responsabilidad solidaria

Cuando lo que se suministra es la prestación por parte del trabajador de servicios que en sí mismos son permanentes, la relación cae bajo el principio general que rige a la sub-empresa de mano de obra: se establece una relación directa y permanente con el empresario que utilizó los servicios del trabajador, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria del intermediario. Lo de “solidaria” no es porque ayude, sino porque es también responsable.

Sobre el punto cabe resaltar que el trabajador prestó servicios para la segunda empresa ininterrumpidamente durante un casi ocho años aproximadamente, y excedió ampliamente el plazo máximo autorizado por el art. 72 de la ley 24013 para las contrataciones eventuales. Y además, hizo las mismas tareas, en el mismo lugar de trabajo, con los mismos días y horarios e idéntica remuneración.

Se juzga fraudulenta la intermediación de otra empresa

En otro juicio laboral, los jueces condenan solidariamente a empresa intermediaria y a la empleadora. Declaran que la empresa que aprovechó los servicios es la verdadera “usuaria” del trabajador.

La sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró que existieron distintos e independientes vínculos del trabajador con cada empresa, desempeñándose primero como empleado de una de ellas para luego ser “proporcionado” a la segunda para realizar esporádicamente un servicio de mantenimiento especializado.

Según los jueces, existió fraude en la contratación del actor, porque aún cuando la empresa que figuró como empleadora es una empresa debidamente constituida, con estructura y personal propio, lo cierto y concreto es que, no sólo no se comprobó que tenga otros clientes a quien le preste también los servicios que ofrece, sino que además, el actor fue contratado por ésta, en un supuesto de intermediación sobreviniente en los términos del art. 29, segundo párrafo, LCT, para introducirlo en el proceso productivo de otra empresa, que se benefició y dirigió la prestación.

No obstante la “tercerización” aludida por las demandadas, se advierte en la causa que no se contrató un servicio sino al actor individualmente considerado, por la experiencia que éste tenía en mantenimiento y reparación de las maquinarias. Trabajó en beneficio de la segunda empresa, realizando las mismas tareas en forma ininterrumpida, sin solución de continuidad, y sin observarse modificaciones en sus condiciones de trabajo, desde el 1/11/1997 y hasta su egreso en noviembre del 2006, con la única variante de que figuró, en lo formal, otro empleador.

El informe pericial técnico y las declaraciones de los testigos permitieron corroborar que las tareas realizadas por el trabajador estaban insertas en la organización empresaria de la codemandada (la segunda empresa), en su proceso productivo.

Los salarios del actor eran abonados, desde el inicio del vínculo, por la primer empresa, beneficiándose económicamente en virtud del contrato comercial que mantenía con la segunda, por lo cual, en definitiva, sólo se evidencia un intercambio monetario que torna a ambas empresas responsables por los pagos al trabajador.

Según los magistrados la práctica constituye un fraude a la ley con el objeto de trasladar a un tercero las responsabilidades laborales consiguientes, por lo que debe considerarse a la primer empresa como sujeto interpuesto en la relación laboral (una intermediaria en los términos del art.29 de la LCT), debiendo responder solidariamente con la segunda por todos los créditos laborales reclamados y motivo de condena.