Decreto Antidespidos: asegurar los puestos de trabajo en tiempos de crisis

Las políticas de contención y prevención de la propagación del virus Covid-19 tienen como efecto secundario un fuerte impacto en la economía. Desde el gobierno nacional se establecieron políticas para frenar la caída y prevenir la pérdida de puestos de trabajo. Un decreto antidespidos y medidas de alivio para las PyMEs.

En el marco de la emergencia sanitaria y económica que atravesamos y las medidas de aislamiento social y preventivo por la pandemia mundial de Covid-19, muchas actividades económicas y empresas ven resentida su actividad. Para evitar «avivadas» y situaciones que agraven la crisis como despidos y quiebres de empresas el Gobierno definió políticas pensadas en apuntalar los puestos de trabajo y la actividad de las PyMEs. Se trata del Decreto 329/2020 que establece la prohibición de los despidos y suspenciones por 60 días.

¿Qué dice el decreto 329/2020?

Como se menciona en el inicio de esta nota, esta medida se toma en el marco de la situación de emergencia y aislación por la epidemia de Coronavirus dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional, léase, el Presidente y sus Ministros. Si bien es cierto que no hay aún una ley que confirme muchas de las políticas dispuestas a través de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) -y esto es materia de discusión entre legisladores-, en el artículo primero de este decreto se establece el marco legal necesario: ley 27.541 de solidaridad social y reactivación productiva, y decreto 260/20 de emergencia sanitaria (no ahondaremos en detalle, pero pueden consultar los links).

Los artículos 2 y 3 establecen claramente que se prohíben los despidos y suspensiones «sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor» (sic!) por el plazo de 60 días a partir de la publicación del Decreto. Esto fue en la noche del martes 31 de marzo.

Para evitar malos entendidos, el artículo 4to establece que despidos y suspensiones que se efectúen en este plazo quedan sin efecto, y se mantienen vigentes las mismas relaciones laborales, con mismas condiciones de contratación.

No sólo de preservar puestos de trabajo se trata la medida. En un escenario complejo como el actual, son otras las variables que se sostienen con el trabajo de todos. «Resulta indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales», asevera la norma en sus fundamentos. En este sentido, el rol de sindicatos, empresas y gobiernos, así como de organizaciones sociales y gremiales cumplen un rol fundamental de contención social y orden institucional.

Medidas de alivio para las PyMEs y autónomos

El Gobierno Nacional estableció, a partir del DNU 332/2020, la creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria.

El mismo consistirá en la obtención de uno o más beneficios, entre los que se encuentra la postergación o reducción de contribuciones patronales o el REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria y el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo.

Por otra parte se estableció la creación de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con el objetivo de sostener la economía de las personas vinculadas al sector informal, monotributistas de bajos recursos y los trabajadores y las trabajadoras de casas particulares que se ven afectadas por la emergencia sanitaria.

El Ingreso Familiar de Emergencia consiste en una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional destinada a compensar la pérdida o grave disminución de los ingresos de las personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria declarada por el Decreto N° 260/2020.

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