Ese tribunal denegó un recurso de ex directores del banco, que buscaban la prescripción de uno de los casos emblemáticos de corrupción en los ’90. En 2010, fueron homologadas las condenas de prisión en suspenso y la devolución de los sobornos que pagó la multinacional para informatizar la entidad.

Fuente: InfoNews


La multinacional IBM está implicada en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de nuestro país.

La multinacional IBM está implicada en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de nuestro país.

Uno de los casos emblemáticos de corrupción de los ’90, el denominado caso IBM-Banco Nación, llegó a su fin y con condenas. Ahora sí, el affaire que atravesó el gobierno de Carlos Menem quedó definitivamente cerrado. Ninguno de los imputados irá a prisión, pero a las condenas –de cumplimiento condicional- habrá que agregarles la devolución de dinero pagado en sobornos para la informatización del principal banco argentino.

Según consignó Tiempo Argentino, la Corte Suprema rechazó el último recurso de los condenados Juan Carlos Cattáneo y Alejandro De Lellis, quienes habían intentado una estrategia procesal para que la causa finalmente terminara prescribiendo sin culpables ni devolución de dinero sucio.

La trama es compleja. El 12 de mayo de 2010, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº III homologó las condenas acordadas entre los acusados y la entonces fiscal Sabrina Namer mediante el mecanismo de “juicio abreviado”.

Con ese nombre se conoce al convenio por el cual los acusados reconocen su responsabilidad en un delito y pactan una pena con la fiscalía, que por lo general es menor a lo que podría corresponderles en un juicio oral.

Así, fueron condenados los ex directores del Banco Nación Mario Dadone y Hugo Gaggero a dos años y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública como culpables por el delito de “administración fraudulenta agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con cohecho pasivo”.

Los empresarios Gustavo Soriani y Juan Carlos Cattáneo recibieron la pena de dos años y tres meses en suspenso por los mismos delitos pero por cohecho “activo”; la misma condena fue aplicada al también funcionario del Nación Alejandro De Lellis. El fallo impuso a Dadone que deposite en el “Banco de la Ciudad de Buenos Aires 344 mil pesos en el término de diez días, y 420 mil más en el lapso de un año.”

Cuando una causa se resuelve por “juicio abreviado”, lo usual es que las partes no apelen. Para eso acordaron la pena. Sin embargo, en este caso, los condenados sí lo hicieron, y como el fallo del tribunal oral no estaba firme y el tiempo seguía pasando, pidieron la prescripción de la causa. Ello significaba que las condenas quedaban sin efecto y el caso, impune.

La fiscal (hoy jueza) Namer lo dijo sin ambagues: “Tienen como único norte dilatar la decisión definitiva del caso. Estamos ante una sentencia producto de un juicio abreviado en el que las partes tuvieron posibilidad de no firmar e ir a juicio si entendían que esa era la mejor manera de defender sus derechos.”

El 22 de setiembre de 2010, la Cámara Federal de Casación Penal desbarató la intentona de hacer prescribir la causa. Con un jugado voto de la jueza Ana María Figueroa, al que se adhirieron el entonces camarista subrogante Luis María Cabral y Juan Gemignani (quien también embistió duro en sus argumentos), la máxima instancia penal del país entendió que, “si bien la investigación pudo y debió haber sido conducida de modo más expedito, se trata de maniobras económicas y financieras complejas, con intervención de varias personas -algunas de ellas funcionarias públicas y otras, ocupando cargos relevantes en una empresa multinacional-, cuya investigación ha insumido tiempo como consecuencia de la complejidad del caso, el tipo de maniobras que de acuerdo con la acusación habrían sido utilizadas para la realización de los hechos criminosos, la cantidad de imputados y las dificultades para producir la prueba, en parte consecuencia del hecho de que los imputados fueran integrantes jerárquicos de los organismos involucrados y también debido a que gran parte del plexo probatorio que se requirió, se encontraba en organismos u órganos jurisdiccionales del exterior del país”.

Antecedentes

El Caso IBM-Banco Nación se originó en el proceso licitatorio 60/93 denominado “Proyecto Centenario”, que tenía “como finalidad la informatización del Banco de la Nación Argentina y que permitió la adjudicación del proyecto informático a la empresa IBM Argentina, habiéndose determinado la participación en los hechos de distintos funcionarios del Banco, representantes de la firma IBM Argentina, como así también de distintos particulares, algunos de ellos representantes de firmas que también intervinieron en el proceso licitatorio; así como también, el ofrecimiento y el pago de sumas de dinero a algunos directivos de la institución bancaria, a fin de que resultara adjudicada la firma IBM Argentina“.

Los condenados primero aceptaron su responsabilidad, pero luego la resistieron y no se conformaron hasta llegar a la Corte Suprema. Pero en su último acuerdo, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Fayt, rechazaron la última instancia de apelación. Juan Carlos Maqueda, en disidencia, se había inclinado por enviarle el expediente a la Procuración General de la Nación.

El caso

En 1993 y 1994, el “Proyecto Centenario”, que tenía por finalidad la informatización del Banco Nación, fue adjudicado a IBM Argentina.

El contrato fue por $/U$S 250 M y se estima un sobreprecio de entre $/U$S 75 M y $/U$S 121 M. De ese monto, el Banco Nación llegó a pagar unos $/U$S 80 M.


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