IBM: se reabre la investigación de una causa de corrupción emblemática

    Fue una noticia relevante en la última semana de agosto, pero pasó inadvertida entre tantas otras novedades pesadas en la Argentina actual. Una cámara federal reabre una de las causas más emblemáticas del largo rosario de causas de corrupción que implican a funcionarios públicos y multinacionales con dinero del Estado y enriquecimiento ilícito: volvió IBM-DGI.

    La información

    Según informó la última semana de agosto el diario La Nación, se reabrió la causa IBM-DGI.

    La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, revocó la prescripción de la acción de la causa IBM-DGI y ordenó al Tribunal que realice el juicio. La causa, que tiene más de 20 años, había sido archivada en 2016 por el Tribunal Oral Federal nro. 3 y sin condenados.

    Los jueces Gemignani y Hornos concluyeron que por aplicación directa del artículo 36 de la Constitución Nacional que resultan «imprescriptibles los graves hechos dolosos de corrupción cometidos contra el estado que conlleven enriquecimiento». El 5º párrafo de ese artículo establece de modo literal que quien se enriquece mediante la comisión de un grave delito doloso contra el Estado «atenta contra el sistema democrático».

    Según informó el diario Perfil, en 2016 el Tribunal Oral Federal nº 3, que tenía para juzgar el caso, declaró la extinción de la acción por prescripción. Pero tanto el fiscal del caso, como la querella de la Oficina Anticorrupción (OA) recurrieron la decisión ante la Cámara de Casación.

    IBM: se reabre la investigación de una causa de corrupción emblemática

    Fue una de las causas de corrupción más resonantes de los años 90s, con US$ 120 millones en coimas y sobreprecios. Una sala de la Cámara de Casación Penal determinó que el enriquecimiento ilícito atenta contra el orden institucional y democrático. Se reabre la causa IBM-DGI.

    En tanto que en diciembre de 2016, apenas unos meses después de esa primera decisión, la Cámara decidió la imprescriptibilidad de la causa. Sin embargo esa decisión fue anulada por la Corte Suprema –adónde llegó el reclamo por el caso- por considerar que no estaban los votos suficientes así como tampoco los fundamentos y encargó que se tome una nueva resolución.

    La causa, iniciada a mediados de la década de 1990, investiga un desfalco de más de US$ 120 millones al Estado Argentino y el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y los altos mandos de IBM Argentina durante el gobierno de Carlos Menem.

    Luego de analizar la imputación formulada en el caso, el juez Hornos concluyó que, en esa hipótesis, se está juzgando un grave hecho de corrupción que habría conllevado enriquecimiento. Por ello resolvió que no es constitucionalmente posible la prescripción de la causa y que debe celebrarse en forma inminente el debate oral y público.

    Al igual que en el escandaloso caso IBM-Banco Nación, los imputados en esta causa son ni más ni menos que las máximas autoridades de IBM Argentina por aquellos años: Ricardo Martorena, ex presidente, y Gustavo Soriani, ex vicepresidente.

    En contexto

    En el terreno de la política local, la década de 1990 no se destacó por grandes avances en cuestiones sociales, debates de ideas profundas ni mucho menos por el juego limpio de las empresas y funcionarios que venían a modernizarlo todo.

    Una extensa serie de notables casos de corrupción repetían un mismo patrón: licitaciones del Estado para «modernizar» sus funciones, empresas y servicios. Léase, privatizar y concesionar. En estas licitaciones participaban los amigos del poder de siempre -la famosa Patria Contratista-, empresas locales y multinacionales. ¿Les suena familiar?

    En el reparto de contratos y negocios, IBM fue una protagonista indiscutida que tuvo en aquellos años dos casos resonantes: Banco Nación y DGI. Sendas historias cuentan con todos los condimentos de la crónica policial como desvíos millonarios, turbios entramados entre funcionarios públicos y directivos empresarios e inclusive algún muerto.

    Una trama de corrupción y poder

    DGI eran las iniciales de la Dirección General Impositiva, convertida hace años en la AFIP -Administración Federal de Ingresos Públicos-. Ahí metía la cuchara IBM, en la recaudación y administración de los impuestos que cobra el Estado, y el sistema de jubilaciones y pensiones que había quedado fuera de la rapacidad financiera de las AFJP.

    Los hechos investigados en la causa se remiten a abril de 1994, cuando el entonces titular de la DGI Ricardo Cossio, llevó a cabo dos importantes contrataciones directas en el área informática, donde presuntamente se habrían pagado sobreprecios en perjuicio del Estado por $120 millones.

    Con la licitación preparada, la DGI invitó entonces a distintas empresas a presentar proyectos para montar dos sistemas informáticos: uno para las jubilaciones y pensiones y otro tributario.

    Esta modalidad de contratación directa fue posible gracias al decreto 507/93 de la Presidencia de la Nación, confeccionado a medida de las empresas proveedoras de tecnología informática y software. Cabe destacar un dato no menor: todavía en la década de 1990 no había tantas empresas tecnológicas capaces de proveer servicios informáticos a gran escala para el Estado como las hay hoy, y claramente IBM era la más grande.

    Fue así que se aprobaron sin mucha supervisión dos contratos con IBM Argentina por los montos de $425.088.000 y de $88.547.000. En aquellos años aún estaba vigente el modelo económico conocido comunmente como «la convertibilidad», que se fundaba en un tipo de cambio fijo entre pesos y dólares estadounidenses: el «1 a 1». 500 millones de pesos eran 500 millones de dólares, y sobreprecios por 120 millones de pesos son 120 millones de dólares malhabidos.

    Según un informe de la Oficina Anticorrupción (OA) consultado, en la investigación se pudo determinar que la DGI no realizó estudios previos sobre el alcance de los proyectos informáticos a contratar, ni estableció costos de los mismos. Pericias de la Facultad de Ingeniería de la UBA comprobaron tiempo después, a pesar de que hubo mejores ofertas en materia técnica y económica, finalmente fue contratada IBM.

    Lo llamativo es que, según surge de la causa, Cossio le solicitó a IBM que adquiriera de otra oferente el de sarrollo conceptual de software. Es decir, que la DGI le solicitó a IBM, que no había presentado la mejor oferta ni técnica ni económica para lo que la DGI necesitaba, sino que además debía adquirir el desarrollo de un tercero.

    Como si esto fuera poco, IBM subcontrató a otras empresas. Una de las firmas que aparece es Consad, también implicada en la causa IBM-Banco Nación. Consad era una firma local del empresario Marcelo Cattáneo, quien apareciera ahorcado en 1998, pero que en aquellos años tenía fuertes vínculos con la presidencia de IBM y la política. Su hermano Juan Carlos era colaborador de Alberto Kohan, entonces Secretario General de la Presidencia.

    IBM: se reabre la investigación de una causa de corrupción emblemática

    Gustavo Soriani, ex vicepresidente de IBM Argentina durante los años de las causa de corrupción de Banco Nación y DGI entre 1993 y 1995. Publicó en 1996 «La Corporación», un libro con sus memorias de aquellos años. A través de sus páginas, Soriani narra con detalles su carrera en la empresa, la cultura ibmer, los negocios y el lobby. Para una serie de Netflix.

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