Últimamente los jucios laborales y la litigiosidad del mundo del trabajo están en el centro de discusión en los medios de comunicación. Pero, ¿qué dicen los números sobre esta realidad? ¿Existe una “industria del juicio”? En un mercado laboral donde el 35% de los trabajadores están en negro y donde cuesta que las empresas respeten convenios colectivos, no incurran en tercerizaciones, prácticas fraudulentas e inviertan en medidas de seguridad y prevención. Datos, estadísticas y opiniones de especialistas, en el siguiente artículo de Chequeado.com.

    Según cifras oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que depende del Ministerio de Trabajo, los juicios por accidentes o enfermedades notificados a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) aumentaron 121% en los últimos seis años. Pasaron de más de 53 mil en 2010 a más de 117,5 mil en 2016 (último año completo con cifras disponibles). Consultada por Chequeado, desde el área de Comunicación de la SRT dijeron que no contaban con datos para años anteriores porque esa información “había sido discontinuada”.

    Puede haber ocurrido que los juicios aumentaran porque los accidentes siguieron la misma tendencia y eso llevó a más trabajadores a reclamar. Sin embargo, como se lee en un estudio de la SRT sobre judicialidad, entre 2010 y 2015 los siniestros cada mil trabajadores cubiertos por una ART pasaron de 89,2 a 81,8, mientras que los juicios aumentaron de 7,1 a 12,1 cada mil trabajadores cubiertos (ver datos). Este es el argumento que suele utilizar el ministro Triaca cuando se refiere a los juicios laborales, como se puede ver en este chequeo.

    Vale la pena destacar, sin embargo, que aún con el aumento registrado en los últimos años, en 2015 los juicios notificados a las ART equivalían a un 1,15% de los trabajadores registrados y a casi un 15% del total de siniestros notificados.

    En los medios de comunicación, así como en la “agenda política”, viene hablándose de la “industria del juicio laboral”. En un momento en que grandes empresas y lobbystas siguen presionando para “bajar el costo argentino” -es decir, los Convenios Colectivos de Trabajo, salarios, beneficios y negociaciones colectivas-, agitan el fantasma de la litigiosidad laboral. El culpable: siempre el empleado. ¿Cuáles son los datos concretos?

    Mario Ackerman, director de la Carrera de Especialización de Posgrado en Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, explicó a este medio que, “entre los muchos motivos que tuvo el aumento de la litigiosidad, uno de los más importantes se basó en las múltiples interpretaciones que generó la Ley 26.773, sancionada en 2012, que llevó a que las ARTs no acordaran directamente con el trabajador y se llevara el conflicto a la Justicia”.

    Dicha norma estableció que los montos de las indemnizaciones se debían actualizar a valores de octubre de 2012 de acuerdo con la variación del índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). El texto establecía que este cálculo debía utilizarse para los accidentes que sucedieran luego de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, aunque distintos tribunales lo aplicaron también para casos previos.

    “Esta interpretación confusa se extendió hasta 2016 cuando la Corte Suprema se expidió sobre la aplicación no retroactiva del RIPTE. Sin embargo -agregó Ackerman-, esto no fue suficiente para reducir considerablemente la cantidad de juicios. Algunos jueces siguieron aplicando este índice como indexación de deudas pasadas, y esto incentivó a otros trabajadores a iniciar causas”.

    En febrero de 2017, luego de que el Poder Ejecutivo Nacional diera marcha atrás con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)el Congreso nacional aprobó una modificación a la Ley de Riesgos del Trabajo.

    La iniciativa establece que cada trabajador debe pasar por una Comisión Médica antes de iniciar un juicio por un accidente o una enfermedad, con el fin de restringir o limitar los litigios laborales y el pago de indemnizaciones.

    En este caso, las cifras provisorias de la SRT a las que Chequeado tuvo acceso muestran que por el momento no disminuyeron los juicios. Desde marzo, mes en que entró en vigencia la “ley complementaria”, la cantidad de juicios notificados en todo el país estuvo por encima del mismo mes del año anterior: marzo (+26%), abril (+0,4%) y mayo (4,3%).

    Vale decir que la modificación a la Ley de Riesgos del Trabajo requiere la adhesión de cada provincia con una ley propia, algo que hasta el momento no pasó en varias jurisdicciones. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la adhesión obtuvo media sanción en Diputados pero aún no logró ser sancionada en el Senado.

    Un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) señala que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde ya rige la norma y se “concentra el 48% del total de demandas notificadas a las ART en todo el país”, los juicios aumentaron 31% en lo que va del año comparado contra el mismo período de 2016. “Es un valor elevado y con una tasa de crecimiento por encima de la media nacional, aunque pareciera haber alguna desaceleración en la tasa de crecimiento entre marzo/17 y mayo/17. Estos valores incluyen casos pre y pos ley”, agrega el documento.

    Por otro lado, hay que tener en cuenta que no todos los siniestros laborales se registran. “Las comisiones médicas, que son las responsables de evaluar el siniestro, sólo pueden reconocer las enfermedades profesionales que se encuentran en el listado oficial, pero ese listado es más reducido que el de otros países desarrollados y que el acordado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, precisó en esta nota Julio Neffa, investigador superior del Conicet en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, y agregó: “Contempla principalmente dolencias del cuerpo y no psíquicas y mentales. No tiene en cuenta el nuevo trabajo, que implica menos esfuerzo corporal y mayor exigencia mental”.

    Además, los informes (ver acá y acá) de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo sólo contabiliza los siniestros y los juicios notificados a las ARTs, es decir, que sólo toman en cuenta a los trabajadores formales. Por ende, omite del análisis a los trabajadores informales, que representan en la actualidad un 33,8% de los ocupados, según los últimos datos publicados por el INDEC al tercer trimestre de 2016.

    “En el caso de los trabajadores informales, la mayoría de los accidentes no van a juicio” por su inestabilidad laboral, aseguró a Chequeado Horacio Meguira, director de la Asesoría Jurídica Nacional de la CTA Autónoma. Y concluyó: “Para tomar medidas hay que tener en cuenta la situación total del trabajo y no tomar solamente los juicios. Los juicios son la consecuencia, no la causa”.

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