Está por vencer una ley que suspende desalojos a pueblos originarios de territorios nacionales. La Justicia ordenó restablecer las pensiones por discapacidad en todo el país. Donald Trump puso fin al programa que protege a 800.000 jóvenes inmigrantes. «Convocar un referéndum no es un delito», le respondió Cataluña a la fiscalía. El Gobierno analiza cerrar la Unidad Especial de AMIA por falta de presupuesto. Familia Maldonado: «Durante todo este periodo el Gobierno se dedicó a desviar la información».

    El Gobierno analiza cerrar la Unidad Especial de AMIA por falta de presupuesto

    En medio de polémicas y acusaciones cruzadas, el Gobierno analizaría cerrar la la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA de 1994.

    El titular del organismo dependiente del Ministerio de Justicia, Mario Cimadevilla, denunció «una permanente traba burocrática del Estado» para su funcionamiento. «El manejo de la causa judicial y la investigación que podemos aportar desde esta Unidad Especial no puede estar sometida a una permanente traba burocrática del Estado», expresó Cimadevilla en diálogo con el portal Infobae.

    Cimadevilla mostró un profundo malestar con el Ejecutivo al destacar que desde el primer día contó con una estructura «mínima» para desarrollar su trabajo: $ 10.000 mensuales de presupuesto y 15 abogados./p>

    La Unidad Especial AMIA fue creada en 2000, con el fin de asistir a las investigaciones, y con la facultad de «intervenir como parte querellante en las causas judiciales por encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA». Su fiscal titular, hasta su controvertida muerte en 2015, fue Alberto Nisman./p>

    ¿Cuál fue el detonante para acelerar la eventual clausura de esa Unidad Especial? Al parecer, la gota que rebalsó el vaso fue la idea de Cimadevilla de contratar un software en Gran Bretaña con el que se podría hacer un cruce de los miles de datos de los archivos secretos de la causa AMIA y, eventualmente, arrojar nuevas pruebas para la causa. Este software tendría un costo global de dos millones de dólares. Pero nada de ello se hizo hasta ahora./p>

    Familia Maldonado: "Durante todo este periodo el Gobierno se dedicó a desviar la información"

    Sergio Maldonado y el CELS criticaron el rol que el Ejecutivo de Macri cumplió desde que desapareció el joven, señalaron que «la única hipótesis es la desaparición forzada» y exigieron que a partir de las últimas pruebas «la justicia empiece a investigar» porque «éste debería ser un punto de inflexión». Anunciaron que presentarán un escrito mañana pidiendo diligencias.

    A 35 días de la desaparición de Santiago Maldonado durante una violenta represión de Gendarmería contra la comunidad mapuche y a poco de que se conocieran nuevas pruebas que van hacia «la única hipótesis que es la desaparición forzada», la familia Maldonado y el CELS criticaron el rol que el Ejecutivo de Mauricio Macri cumplió desde que produjo el hecho, exigieron que a partir de las últimas pruebas «la justicia empiece a investigar» y anunciaron que presentarán un escrito mañana pidiendo diligencias.

    «Que la justicia empiece a investigar», aseguró Sergio Maldonado, el hermano del joven desaparecido, en conferencia de prensa, ya que destacó que «hasta ahora» la familia y los organismos de derechos humanos hicieron «todo el trabajo».

    A pesar del apoyo de Macri a Bullrich en el marco de la cumbre que el Presidente armó en Casa Rosada, hoy se conocieron dos novedades judiciales que corroboran la tesis de la desaparición forzada de Maldonado por parte de Gendarmería: por un lado, los miembros de la Puf Lof en Cushamen declararon ante la justicia y confirmaron que vieron a Maldonado en el lugar de los hechos y que fue llevado por esa fuerza federal; por otro, desde la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin) confirmaron a Política Argentina que incorporaron en la causa un escrito que les llegó de forma anónima con características típicas de los servicios de inteligencia que señala a la misma fuerza pública como responsable de la desaparición del joven.

    Verónica Heredia, abogada del CELS y la familia, destacó que con las novedades conocidas en las últimas horas, que incluyen el ADN que demostró que Maldonado no fue acuchillado por el puestero, «se fortalece la hipótesis de que el 1 de agosto (Santiago) fue brutalmente golpeado por gendarmería, subido a un unimog y llevado en una camioneta» por Gendarmería.

    «Ya no existe la hipótesis del puestero y quedó claro que los mapuches declararon y no entorpecen la causa», agregó Gastón Chillier, del mismo organismo de derechos humanos, y disparó que «durante todo este periodo el Gobierno se dedicó a desviar la información» ya que «la ministra (de Seguridad, Patricia Bullrich) promovió la hipótesis del puestero».

    Respecto de la reunión que Macri mantuvo con Bullrich, su par de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de DDHH, Claudio Avruj, aseguró: «Hoy nos enteramos que mañana va a viajar el secretario de DDHH, y esto hubiera sido importante hacerlo desde el primer día, como colaborar con la investigación».

    Sobre ese encuentro, Sergio Maldonado sostuvo que espera que «Macri haya respaldado a Bullrich sin conocer las últimas novedades de la causa», ya que, según entienden, queda claro que «la única hipótesis es la desaparición forzada».

    «Vamos a presentar un escrito mañana junto a la familia pidiendo varias diligencias», agregaron los magistrados, aunque no puntualizaron respecto de cuáles serán, ya que necesitan conocer a fondo la causa tras el fin del secreto de sumario para saber qué medidas se puede pedir de las que se debieron haber realizado previamente y cuáles no.

    «Creemos que éste debería ser un punto de inflexión en la investigación», agregó Chillier.

    Está por vencer una ley que suspende desalojos a pueblos originarios

    Una norma nacional de 2006 declara la emergencia para la posesión de tierras de indígenas y prohíbe su desalojo. La ley crea un relevamiento de estas poblaciones, pero, a pesar de dos prórrogas en el tiempo, el Estado sólo censó la mitad de estas comunidades.

    En la Argentina rige la Ley 26.160, que declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas” y suspende la ejecución de desalojo de esas tierras. Sin embargo, el 23 de noviembre de 2017 vencerá esta ley (vigente gracias a prórrogas sucesivas desde hace más de 10 años) y diversas organizaciones piden su prórroga. ¿Qué dice la norma y qué puede pasar si no se renueva su plazo?

    La ley, de 2006 y prorrogada en 2009 y 2013, determina que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que depende del Ministerio de Justicia de la Nación deberá realizar un relevamiento de las tierras que ocupan las comunidades indígenas. La ONG Amnistía Internacional informó que, según datos oficiales, hay 1.532 comunidades identificadas en la actualidad y sólo 759 han iniciado el proceso de relevamiento. Esto es menos de la mitad: un 49% del total.

    Según un estudio de la Auditoría General de la Nación (AGN) de 2012, “no se advierte que el INAI posea la estructura organizativa, ni los recursos humanos para el cumplimiento de las funciones que debe llevar adelante”. En este mismo informe, el INAI se defendió y acusó, entre otras cosas, al “carácter dinámico” (por ejemplo, el aumento de las comunidades) de los pueblos originarios que deben ser relevados. En 2017, la AGN destacónuevamente “lo limitado de las facultades del INAI para cumplir con la función que le asigna la Ley 26.160”.

    Además, Jimena Psathakis, presidenta del INAI, agregó a Chequeado que, entre las causas del retraso, se encuentran los “conflictos al interior de las propias comunidades respecto a la representatividad”, los “procesos de judicialización” o mismo el “desconocimiento”por parte de algunas comunidades del relevamiento creado por la ley.

    Amnistía señaló en un informe que la ley “no reconoce ni avanza en la titulación de tierras”, aunque sí “constituye un paso previo positivo muy importante para que las comunidades indígenas puedan identificar su territorio y puedan obtener los títulos de propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

    La defensora General de la Nación, Stella Martínez, también se pronunció a favor de la prórroga de la Ley 26.160 ya que “establece normas de fundamental importancia para la protección de los derechos de los pueblos originarios”. Asimismo, hay diversos proyectosen la Cámara de Diputados y en el Senado para prorrogar nuevamente esta ley. Psathakis, presidenta del INAI, informó a Chequeado que desde el instituto son “optimistas en que la ley sea prorrogada”.

    La Justicia ordenó restablecer las pensiones por discapacidad en todo el país

    La Justicia ordenó al ministerio de Desarrollo Social restablecer las pensiones por discapacidad en todo el país, en lo que constituye el primer fallo en este sentido a nivel federal.

    La titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº8, Adriana Camaratta, hizo lugar a un pedido efectuado por la Red de Personas con Discapacidad y ordenó restablecer las pensiones de forma «inmediata», en aquellos casos en que hayan sido suspendidas «sin mediar resolución fundada previa».

    El fallo dispone además la creación de una causa federal que agrupe a todos los reclamos en el territorio nacional.

    Este miércoles, el Gobierno creó la Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo que funcionará en el ámbito de la Secretaría General de Presidencia y se ocupará de las políticas destinadas a las personas con discapacidad y del otorgamiento de pensiones por invalidez, entre otras.

    La medida se enmarca en el traspaso de programas del área que anunció la vicepresidenta, Gabriela Michetti, junto al ministro coordinador Mario Quintana, durante la conferencia de prensa que ambos brindaron el martes en Casa Rosada.

    Mediante el decreto 698/2017, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno informó que la nueva agencia «tendrá a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad«.

    También señaló que otra de sus tareas será «la conducción del proceso de otorgamiento de las pensiones por invalidez y las emergentes de las Leyes N° 25.869 y N° 26.928«.

    El texto aclara que el nuevo organismo tendrá «autarquía económico financiera y personería jurídica propia«. Y detalla que la conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad estará a cargo de un Director Ejecutivo, con rango y jerarquía de Secretario, y un Subdirector Ejecutivo, con rango y jerarquía de Subsecretario (ambos serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional).

    La agencia asumirá funciones que hasta ahora desempeñaba la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Dispacidad (Conadis) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, ambos eliminados hoy por el Gobierno.

    Golpe a los "dreamers": Donald Trump puso fin al programa que protege a 800.000 jóvenes inmigrantes

    El presidente decidió eliminar el programa que les brindaba un permiso de residencia temporal a los indocumentados que llegaron de chicos a EE.UU.; hay 4774 jóvenes argentinos afectados por la decisión

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , decidió cancelar un programa que le ha permitido a cientos de miles de jóvenes inmigrantes indocumentados evitar la deportación al permitirles obtener un permiso de residencia temporal.

    El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interior informó la decisión de eliminar de manera progresiva el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un plan implementado por decreto por el presidente Barack Obama que blindó de la deportación a los jóvenes conocidos como «dreamers», inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de chicos junto con sus padres.

    El fiscal general, Jeff Sessions, anunció la decisión con un discurso en el Departamento de Justicia en el cual se preocupó por dejar en claro que el gobierno de Trump pondría en un segundo plano los motivos humanitarios que llevaron a Obama a responder el reclamo de cientos de miles de jóvenes.

    Con esta decisión, Trump deja a cientos de miles de jóvenes otra vez en el limbo migratorio, a la espera de que el Congreso, que se negó a aprobar años atrás una ley llamada «DREAM Act» que les dio su apodo, apruebe ahora una ley que les brinde un camino definitivo a la ciudadanía.

    Con la iniciativa de Trump, la Casa Blanca dejará de aceptar nuevas solicitudes al programa a partir de hoy, aunque procesará y otorgará «caso por caso» las aplicaciones que ya recibió. Los permisos de residencia que ya fueron otorgados no serán revocados.

    Unos 800.000 jóvenes en todo el país han obtenido permisos de residencia y de trabajo a través de DACA, la mayoría en California, Texas y Nueva York. Casi todos los beneficiarios del programa son latinos, aunque la vasta mayoría son mexicanos: 618.342. Hay 4774 argentinos que obtuvieron permisos de residencia a través de este sistema.

    "Convocar un referéndum no es un delito", le respondió Cataluña a la fiscalía

    Un día antes de que los independentistas utilicen su mayoría parlamentaria para tramitar las leyes del referéndum y de la transición, el vocero del gobierno regional, Jordi Turull, remarcó que convocar un referéndum «no es delito».

    El gobierno catalán esgrimió este martes un nuevo argumento para justificar la vía de ruptura unilateral que emprenderá el miércoles con la aprobación de dos leyes clave para la secesión, al afirmar que no cometerá ningún delito previsto en la legislación española al convocar el referéndum del 1 de octubre.

    El vocero del gobierno regional, Jordi Turull, argumentó que la acción del gobierno y del Parlamento catalán están amparadas por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), que en su artículo 49 establece que «nadie podrá ser condenado por una acción o omisión que, en el momento que haya sido cometida, no constituya una infracción del Derecho nacional o internacional».

    Sin embargo, el gobierno español sostiene que lo que invalida la posibilidad de un referéndum de secesión, desde el punto de vista de la Constitución española, es que ni el Parlamento catalán ni el gobierno tienen competencia legal para convocar un referéndum de autodeterminación.

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