Unión Europea legisla la regulación de los servicios digitales

El Parlamento Europeo aprobó dos leyes sobre servicios digitales: la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), consensuadas entre el Parlamento y el Consejo Europeo. Buscan regular el funcionamiento y la prestación de servicios por parte de las grandes empresas digitales en la Unión Europea.

En el marco de la discusión global sobre las posibles regulaciones a las plataformas digitales, el ecommerce y los gigantes tecnológicos detrás, después de dos años de discusiones y debates, el Parlamento Europeo sancionó la semana pasada dos leyes en éste sentido. Se trata de las normas Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Ambas leyes tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la Unión Europea en el espacio digital; en segundo lugar establecer un mercado justo que ofrezca a todos los participantes la posibilidad de innovar, crecer y competir dentro y fuera de la UE.

El acuerdo en la autoridad europea se da en un marco de profundas transformaciones políticas y una puja de Europa por reposicionarse en el mapa de poder mundial. El declive del peso relativo del viejo continente en la economía mundial se vio incrementado por la guerra en Ucrania: sin Rusia Europa no tiene energía. Y tal como se vio en los últimos años en la disputa por las redes e infraestructura de 5G, sin EEUU tampoco tiene tecnología. Si miramos el mapa de poder de las big-tech a nivel mundial, el top 10 se lo reparten entre EEUU, China, Corea del Sur y Japón, y los monopolios en áreas tan sensibles como motores de búsquedas e ecommerce son cada vez más grandes y concentrados, con mayor influencia política y social.

Es en éste contexto que la Unión Europea avanza con un intento de regulación fuerte sobre las empresas tecnológicas en el espacio de su mercado común.

Regular para desmonopolizar

La DMA (Digital Markets Act) es una ley antimonopolio que establece reglas de competencia para las gigantes tecnológicas.

Está destinada a proteger a las empresas más pequeñas en sectores dominados por grandes empresas como Google, Meta o Amazon. La ley define a estas grandes empresas como guardianes de acceso: plataformas cuya posición dominante aboca a todos los usuarios prácticamente a utilizarlas. Eso implica que tendrán más responsabilidades sobre el mercado digital. Según esta ley, estas empresas no podrán promocionar sus propios servicios por encima de los de la competencia en sus plataformas y no pueden reutilizar datos recopilados de los diferentes servicios para realizar promociones cruzadas.

La DSA (Digital Services Act) establece obligaciones claras para los proveedores de servicios digitales, como las redes sociales o los mercados electrónicos, para hacer frente a fenómenos que pueden suponer una amenaza para la sociedad, como la difusión de contenidos ilegales y la desinformación en línea.

Las intenciones políticas de los legisladores apuntan a proteger la privacidad de sus usuarios, aumentar la transparencia de los algoritmos de las redes sociales, y proteger a los menores. «Lo que es ilegal fuera de Internet, será ilegal también en Internet», dijo Ursula von der Leyen, Presidente de la Comisión Europea.

Los objetivos políticos, una carta de intenciones

Thierry Breton, comisionado europeo de Mercado Interior y Servicios, que ha sido responsable de ambas propuestas, sostiene que es esencial poder acceder a los algoritmos de las grandes redes sociales. «Nos permitirá acceder a la información que necesitamos para garantizar que las plataformas están cumpliendo las normas».

Meta o Google tendrán que justificar por qué recomiendan a sus usuarios contenidos que tal vez polaricen su opinión o lo desinformen. No bastarán sus estudios, sino que la CE lo auditará y valorará si produce un impacto negativo en los ciudadanos. Además, cualquier servicio o red social de gran tamaño que emplee un sistema de recomendación de contenido o lo ordene por preferencias del usuario deberá ofrecer a su vez una opción que no tenga en cuenta sus preferencias.

Es decir: Instagram, Twitter o TikTok tendrán que permitir a sus usuarios desconectarse de cualquier algoritmo que ordene, muestre u oculte contenido basándose en las preferencias obtenidas mediante el uso del servicio. ¿Cómo funcionará TikTok si no muestra lo que cree que le puede gustar al usuario?

Estará prohibido que las diferentes plataformas intenten manipular las decisiones de sus usuarios con «tácticas oscuras» dentro de sus servicios, como usar un botón más grande que otro según convenga a la empresa a la hora de dar permisos en la trata de sus datos. A su vez, será obligatorio que el proceso de cancelación de servicio sea igual de rápido y sencillo que el de suscripción.

Finalmente, cualquier plataforma accesible a menores deberá ofrecer un lugar especial sin publicidad dirigida de ningún tipo para niños. No estará permitido recopilar información alguna sobre las preferencias de uso del menor para crear un perfil publicitario de este.

Las medidas entrarán en vigor el 1 de enero de 2024, y las compañías afectadas son las que van a financiar su ejecución. Amparada por la DSA, la Comisión podrá aplicar tasas de supervisión a las plataformas muy grandes y a los motores de búsqueda para cubrir los costes de la supervisión.

Las multas serán cuantiosas. Infringir algún punto de la DSA supondrá una multa de hasta el 6% de los ingresos globales de la compañía, y la reiteración podría suponer la prohibición de operar en el territorio europeo.

Los europeos pretenden que Europa no sea como Estados Unidos, donde compañías como Twitter son tratadas como simples intermediarios. En Europa serán responsables de los contenidos que suben sus usuarios y de cómo estos son distribuidos.

Con ambas normas aprobadas, los textos pasan al Consejo Europeo para su aprovación final. El paso siguiente consiste en su aprobación y adaptación en cada poder legislativo de los estados miembros, así como su aplicación ejecutiva. La fecha límite, es el 1ro de enero de 2024.

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Andreas Schwab, diputado alemán del Parlamento Europeo y uno de los impulsores de la DMA, se expresó en la misma línea de preocupaciones. «Necesitamos la supervisión y control adecuados para asegurar que el marco regulatorio funcione. Sólo logrando una instancia de diálogo entre iguales [entre la Unión Eurpea y las empresas, N del R] alcanzaremos el respeto que la Unión Europea merece».

La Organización Europea para la Defensa del Consumidor envió una carta al Parlamento europeo expresando su preocupación sobre un tema clave: la capacidad de los profesionales de cada país comunitario formados en las habilidades requeridas para fiscalizar las tecnologías de las big tech que el caso requiere. Según Ursula Pachl, directora del organismo, «Si la Comisión Europea carece de los recursos necesarios y la experiencia acumulada para asegurar el cumplimiento de la ley, las corporaciones tecnológicas no tendrían motivos o presiones suficientes para tomarse en serio su responsabilidad de cumplir con las normas», a lo que agregó que «los estados miembros deben proveer a la Comisión con los recursos humanos necesarios para el momento en que la ley entre en vigencia plena».

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