La reciente sanción de la Ley de Economía del Conocimiento, con un tratamiento express en las dos cámaras del Congreso de la Nación fue celebrada sólo por una parte de los actores que componen a la actividad informática en la Argentina. Con los trabajadores, pymes, científicos, académicos y emprendedores segregados de la discusión, las grandes empresas y multinacionales festejan una nueva legislación ad-hoc. La opinión del Secretario General de Unión Informática, Ignacio Lonzieme.

    Tras la aprobación express en Diputados, a fin de mayo, con el voto unánime por parte de todos los bloques del Senado de la Nación, se sancionó la Ley de Economía del Conocimiento.

    Previo a la sanción a de la Ley en ambas cámaras, estuvimos presentes en un plenario informativo en la Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados de la Nación junto con Christian García en representación de Unión Informática. En el mismo pudimos intercambiar opiniones con algunos de los actores que participaron en el proceso la elaboración del proyecto de Ley. Esto nos permitió hacer llegar nuestros argumentos y aportes a algunos legisladores que participan de la Comisión, como la Diputada Nacional Carla Pitiot (FR-CABA), quienes pusieron especial atención a nuestras razones. También el exdiputado Sergio Massa, con quien compartimos una reunión junto a otros referentes gremiales y empresarios, atento a las cuestiones que hacen a la economía real, producción y empleo, se interiorizó sobre las problemáticas y cuestiones que hacen a nuestra querida actividad informática y sobre como se dió el proceso de esta ley.

    Lamentablemente, en la redacción del texto de la Ley de Economía del Conocimiento fueron excluidos no sólo los representantes sindicales informáticos como interlocutores del campo del trabajo, sino también la academia y las pymes. Hacer una ley a las apuradas y con slogans que suenan lindo pero no tienen ningún efecto real, es cuanto menos desperdiciar una oportunidad estratégica.

    Salgamos de la banalidad, los lugares comunes y la chabacanería. El país no está para pavadas. Lo que pasó en las márgenes de la (no)discusión de la Ley de Economía del Conocimiento trascendió más que lo que implica la Ley y su pusible impacto en la economía real.

    El nivel de discusión en ambas cámaras fue, sino inexistente, patético. Las declaraciones del Senador Nacional (PJ-RN) Miguel Pichetto cuando la votación de la Ley de Economía del Conocimiento en el Senado de la Nación respondiendo al dirigente social Juan Grabois (MTE-CTEP) en su confrontación vía Twitter con MercadoLibre fueron lastimosas. Pichetto, cuyo período como Senador termina en diciembre, soltó que haría falta «más MercadoLibre y menos cartoneros». Aseveración con la que estoy plenamente de acuerdo: quién puede oponerse a que haya más inclusión laboral, empleo genuino y de calidad. Pero, con todo respeto, permítame decirle que MercadoLibre no es necesariamente el mejor ejemplo, y que la tarea que realizan los trabajadores que levantan cartón en las calles también reviste su importancia, hasta que tengamos robots que puedan hacerlo. Quizás a Marcos Galperín se le ocurra algo para lograrlo.

    Es cierto que las más de 4.000 empresas informáticas generan empleo al menos registrado y para mucha gente, hay que reconocerlo. Que empresas afiliadas a CESSI son empresas argentinas y que desarrollan tecnología propia, también es cierto. ¿Hace falta aplaudir empresarios por por invertir en el negocio rentable de la informática a costa de beneficios impositivos y trabajo flexible?. Otras firmas de origen argentino se han internacionalizado fijando su domicilio en alguna guarida fiscal del Caribe o Europa, han cabildeado de lo lindo por la promulgación de la Ley. Mientras tanto, telecomuniaciones, defensa, transporte, servicios bancarios, hardware estratégico, biotecnología, entre otras, está en manos de firmas extranjeras como Indra, Telefonica, IBM, etc. Esto no es necesariamente malo, no obstante cualquier país que pretenda desarrollarse en serio debe apuntar a crecer en los resortes fundamentales propios de una Nación como son los mencionados. No es casualidad entonces que esto no se haya discutió con la Ley.

    Quienes son los que festejan efusivamente la aprobación de la norma. MercadoLibre -uno de los unicornios criollos presentado en sociedad como la panacea del desarrollo informático nacional-, la cámara empresaria del gremio SSI -CESSI- y particularmente las multinacionales del sector -encabezadas por Accenture-. Como trabajadores y trabajadoras de la actividad, sabemos muy bien que las principales beneficiadas por la ley del software fueron las filiales locales de IBM, Accenture, HP Inc. y algún que otro fondo de inversión. El «unicornio» criollo Globant, con domicilio en una guarida fiscal europea, emplea a más de 3.000 compañeros y compañeras pero tampoco generan el valor agregado que sabemos que podemos generar. Queda en el aire la pregunta por quién controlará a las empresas adheridas a los beneficios de la ley de promoción, sus inversiones, empleos generados y la capacitación de empleados y empleados.

    El factor de escala también es importante tenerlo presente. Cuando CESSI, Aníbal Carmona -su presidente- o Carlos Pallotti -ex CESSI, funcionario público- festejan, lo hacen sabiendo que van a estar siendo beneficiados principalmente ellos mismos. Por supuesto que hay que incentivar y fomentar las actividades comprendidas por la Ley de promoción, más aún si generan numerosas fuentes de trabajo. Pero hagámoslo entendiendo que son las mismas grandes empresas que muchas veces monopolizan los mercados -y los beneficios-, y a las PyMEs -motor del empleo registrado y la innovación- si no es que las compran a precio de remate las dejan completamente fuera de competencia.

    Los edificios en el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires son muy lindos, vistosos, levantaron la zona; pero están lejos de generar lo que deberían generar en términos de impacto social y económico real, más allá de encarecer el metro cuadrado para las inmobiliarias. Cuando una empresa no puede encontrar nueva locación por los altos precios en los alquileres, deja de apuntalar el objetivo que tiene el Distrito, para terminar favoreciendo solamente a los grandes. Y si a 10 kms tenemos pobreza estructural, va a ser complicado que haya inclusión laboral para ellos. Esto no es ser negativo, sino más bien realista, hay que hablar de todo. Al dejar a la academia afuera, como la Universidad Tecnológica Nacional y no hay una articulación con el mundo laboral, perdemos también la oportunidad del abordaje cabal de la actividad, desde todos los ángulos necesarios. Por caso, la política educativa de formación para el trabajo también hace agua: el tan mentado programa 111 mil, no funciona ni cumple con sus objetivos ni por asomo. Capacitar a 30 0 40 personas cada un par de meses y no ubicarlos en los lugares de trabajo es un desperdicio, y suena más a una política producto del lobby que trabajo real, para generar condiciones que favorecen a unos pocos.

    Bill Gates no arrancó con una empresita modesta y un monotributo «en un garage». Éste tuvo incentivos de distinto origen, empezando por el Estado estadounidense y su complejo industrial-militar-armamentístico facilitando tecnología y know-how. El relato que lejos está de lo que sucede a todos aquellos que quieren emprender y desarrollar. Sin apoyo real y estratégico del Estado -con crédito, asesoramiento, planificación y recursos- pocos van a crecer de verdad.

    De este lado, del de las organizaciones sindicales, también encontramos incongruencias entre los que pregonan la justicia social y debieran haber leído «Modelo Argentino para el Desarrollo Nacional» llegaron tarde a la cuenta de la importancia de debatir con todos los actores sociales la temática del futuro del trabajo. Hoy día los los trabajadores informáticos estamos excluídos de esta discusión, aún dentro de la CGT que conduce el compañero Héctor Daer. El próximo evento que intenten generar, compañero, puede contar con nosotros, que somos de la actividad y conocemos el paño. Por otro lado es para destacar la claridad y simpleza con la que el Diputado Nacional Facundo Moyano (FR-BA) aborda el diagnóstico de la situación, esto debido a que lee, se informa y fundamentalmente escucha.

    La informática en Argentina tiene una patronal que difiere de otras actividades (UIA, SRA) en sus formas. A veces, sólo en ello, pero no deja de ser destacable. Celebro el progresismo de Sergio Kaufman (CEO de Accenture) en cuestiones que tienen que ver con inclusión y diversidad en los lugares de trabajo. Pero también sucede que siempre recibimos en nuestra sede, informtáticos con problemas de salario, tareas, categorías, carrera, sobreexplotación, precarización, etc. Problemas laborales del siglo XX, pero con un discurso progresista, cargado de anglicismos, del siglo XXI.

    Lo cierto es que como argentino uno se siente defraudado en estas situaciones. Defraudado de nuestros liderazgos políticos, civiles, gremiales, empresarios, académicos, culturales. Del tratamiento que se le da a los temas importantes y estratégicos en la Argentina. Temas que de abordarse con la seriedad que requieren, realmente podrían generar diferencia, porque si hay algo cierto en todo lo que se está discutiendo actualmente es que si hay una salida es a través de estas iniciativas, que miren el largo plazo.

    La defensa desde altos mandos del Gobierno Nacional de la iniciativa y sus beneficiarios, como la que hizo explícita el Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña de Marcos Galperín, habla más de un pacto que de una defensa con conocimiento de causa. Peor aún, cuando empresas multinacionales acuden a una representación sindical ad-hoc que no entiende nada de la actividad, no saben dirigirse a sus representados y aplican un convenio de trabajo a medida -de las empresas- redactado en 1973. Esto es porque no son informáticos, no viven la actividad y persiguen más la acumulación económica que el desarrollo científico-técnico para alcanzar una actividad informática nacional con oportunidades para todos.

    Desde Unión Informática seguiremos de cerca el desarrollo de esta ley, su implementación y su debido cumplimiento. Especialmente del régimen que queda a cargo del Ministerio de Producción. Prepararemos nuestras propuestas en conjunto con quienes entendemos que falta incluir. Trabajadores, universidades, pymes, funcionarios responsables y organizaciones de la sociedad civil. Se hace cuesta arriba atender las cuestiones de largo plazo, cuando los salarios que pagan las empresas que impulsan esta ley están muy por lo bajo de que pueden serlo. Vamos a seguir haciendo crecer la articulación, participando en todas las mesas que sea necesario para acercar posiciones, poniendo la voz y el cuerpo para defender los intereses que nos transmiten a diario nuestros compañeros y compañeras. Los verdaderos protagonistas.

    Ignacio Lonzieme, Secretario General

    Podés leer el texto completo de la norma y el decreto de promulgación de la ley en la página del Boletín Oficial de la República Argentina.

    RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO – Ley 27506

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