Vigilancia masiva en CABA: utilizaron información biométrica de 7 millones de personas de manera ilegal

Denuncias de organismos autónomos echaron luz sobre la utilización de los datos biométricos de más de 7,5 millones de personas por parte del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de una acción de amparo en 2020, la Justicia suspendió el uso del mecanismo y ordenó una serie de medidas para determinar si estos procedimientos pudieron haber sido utilizados para realizar trabajos de vigilancia masiva e inteligencia.

Según una denuncia e informe reciente salió a la luz que en los últimos tres años el Gobierno de la Ciudad realizó prácticas de vigilancia ilegales. A través de los datos biométricos de más de 7,5 millones de personas, algo que la ley no le permite.

En 2020 el Observatorio de Derecho Informático Argentina (ODIA) inició una acción de amparo en la que puso en discusión la constitucionalidad y convencionalidad de las normas que implementaron el sistema de cámaras de vigilancia con tecnología de reconocimiento facial en CABA.

La presentación señalaba entonces que ese sistema funciona con programas que realizan una comparación de características biométricas de dos rostros y que la mayoría de ellos presentan sesgos en cuanto discriminan por raza, color y etnia; según la misma, el Gobierno de la Ciudad nunca evaluó el impacto del sistema sobre la privacidad de las personas.

Por su parte, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, miembro de ODIA) informaron que la operatoria denunciada fue llevada a cabo por la cartera de seguridad porteña en el marco de las tareas de búsqueda de personas solicitadas por la Justicia, dentro del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP), a partir de un convenio con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer).

El convenio le autoriza a cruzar la base de datos de ese organismo con el listado de personas con orden de captura judicial para localizarlas a través de cámaras de seguridad equipadas con sistemas inteligentes de reconocimiento facial.

«El gobierno porteño debe explicar cuáles son las razones por las cuales decidió consultar todos esos datos vulnerando el derecho a la intimidad de millones de personas» expresa el CELS en un comunicado dado a conocer este martes 12 de abril. Y agrega: «También reclamamos a la Justicia la suspensión del mecanismo de reconocimiento facial así como una serie de medidas para determinar si estos procedimientos pudieron haber sido utilizados para realizar tareas de vigilancia masiva e inteligencia».

La posición de Unión Informática es siempre favorlable a la implementación de nuevas tecnologías en las políticas urbanas y, sobre todo, en lo que hace a la seguridad. No obstante, el control ciudadano y la posibilidad real de fiscalización del software y sistemas por organismos civiles que no estén en la órbita de un gobierno u otro, son la clave para la aplicación de éste tipo de proyectos. Por caso, el anillo digital de monitoreo de patentes que ya funiona en la Ciudad, con buenos resultados en los casos de robo de autos. En sintonía con las críticas de organismos de derechos humanos y derechos sociales, las críticas de La Unión están orientadas a la falta de planificación y participación de la ciudadanía así como la frma desprolija y opaca en que se empezó a utilizar cámaras de vigilancia con tecnologías de reconocimiento facial y datos biométricos.

Es ahora, cuando estamos tratando la utilización masiva de tecnologías nuevas en espacios públicos, que todavía están a prueba en otras ciudades del mundo, que más se necesita la participación de la sociedad y los profesionales en la materia, para evaluar con criterios técnicos el impacto de su implementación en los derechos civiles y la vida de las personas.

La ley de la Ciudad y la resolución que implementa el mecanismo de reconocimiento facial solo le permite al Ministerio de Justicia y Seguridad cruzar datos de quienes integran la lista de prófugos (CONARC) y de aquellas personas sobre las que autoridades judiciales de la Ciudad, de la Justicia Nacional o de poderes judiciales provinciales le solicitan tareas de investigación y prevención. El convenio con el ReNaPer, firmado en 2019 por el Gobierno nacional y el de la Ciudad, habilitó a la Policía porteña el acceso a los datos biométricos, como las fotos y otra clase de información de personas buscadas.

Ese material es incorporado a un software de reconocimiento que puede ser utilizado en las 9.500 cámaras que están en Ciudad cuyas imágenes llegan al Centro de Monitoreo Urbano que el Ministerio de Seguridad y Justicia porteño tiene en el barrio de Chacarita.

El universo de personas buscadas dentro de éstos programas y políticas no supera las 40 mil. Prófugos o personas con sentencias firmes dentro de un debido proceso judicial. Vigilar y seguir a 7,5 millones lo que implica claramente una extralimitación en esas tareas de identificación.

Según la denuncia, entre abril de 2019 y marzo de 2022, la Ciudad excedió ampliamente lo autorizado por aquel convenio, cuya implementación nadie controló. Obtuvo así de manera ilegítima información sobre los datos registrados en el ReNaPeR equivalentes a la mitad de la población total del AMBA.

Debido a la cantidad de búsquedas es imposible que puedan estar vinculadas con el registro de prófugos o a requerimientos de la Justicia, ya que fueron solicitados datos de más de 6.000 personas por día en promedio. Por esas razones resulta urgente y necesario determinar y conocer cuál fue el uso y destino de los datos biométricos utilizados en todas aquellas búsquedas, y es indispensable también una explicación de los motivos detrás de todo este proceso.

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad a cargo del amparo, Andrés Gallardo, dispuso algunas medidas para decidir sobre la suspensión del sistema mientras continúa el trámite del juicio.

En febrero de 2022 realizó una constatación en el Centro de Monitoreo Urbano donde funciona el sistema, y solicitó a la CONARC el listado de personas buscadas. Luego le solicitó al ReNaPeR la lista de personas, con nombre, apellido y DNI, cuyos datos biométricos hayan migrado desde ese Registro hacia el Gobierno de la Ciudad. En función de este último pedido, se constató que la Policía de la Ciudad hizo casi 10 millones de consultas sobre 7,5 millones de personas.

En el marco de la investigación, Gallardo allanó el Centro de Monitoreo Urbano y la sede del Ministerio de Seguridad porteño en Barracas. Además, ordenó periciar los equipos que se utilizaron para procesar la información proveniente del ReNaPer.

«Solicitamos que el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA explique públicamente por qué, para qué y cómo la Policía a su cargo realizó búsquedas de datos biométricos de 7,5 millones de personas en los últimos tres años, cuando no existe ninguna normativa o regulación que les permita hacerlo».

En el cotejo realizado por los funcionarios judiciales tras los allanamientos se pudo constatar que fueron reconocidas y seguidas personalidades de relevancia en la vida institucional del país. Periodistas, dirigentes sociales, diputados, referentes de organismos de derechos humanos, funcionarios públicos; inclusive el Presidente.

El día lunes 18, comenzaron los peritajes de los peritos al material secuestrado en los allanamientos dispuestos por el Juez Gallardo. Mientras se realizan los análisis requeridos en el marco de la causa que investiga la utilización irregular de datos biométricos por parte del GCBA, el mismo juez dispuso la suspensión del sistema de reconocimiento facial de prófugos y el ejecutivo porteño no podrá volver a implementar éste sistema entretanto dure la investigación y peritajes.

Fuentes

  • El Ministerio de Seguridad de la Ciudad buscó información biométrica de 7 millones de personas de manera ilegal, CELS 12.04.2022
  • Denuncian que el Ministerio de Seguridad de la Ciudad buscó información biométrica de 7 millones de personas de manera ilegal, El Diario AR 12.04.2022
  • Espionaje ilegal en CABA: se usó el sistema de reconocimiento facial con políticos, periodistas y jueces, en Página/12 13.04.2022
  • Comenzaron a peritar el material secuestrado en la causa por el uso de datos biométricos, en Agencia Télam, 18.04.2021

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